Tettamanti insistió en que el Gobierno busca “volver a la privatización plena de la gestión energética”, tras años de intervención estatal que —según su visión— “descapitalizaron el sistema y generaron imprevisibilidad”.
El aumento de tarifas llega en un contexto de inflación todavía elevada y salarios rezagados, lo que anticipa un nuevo golpe al poder adquisitivo de los hogares. A esto se suman las subas mensuales en combustibles y en el servicio de agua de AySA, que rondan el 1%, presionando aún más sobre el costo de vida.
Con una economía marcada por la incertidumbre electoral y la volatilidad cambiaria, el Gobierno apuesta a sostener la política de ajuste gradual, mientras promete que la estabilización macroeconómica será la clave para garantizar un sistema energético “eficiente, competitivo y sostenible”.