El Ejecutivo nacional prepara un ambicioso proyecto de reforma electoral que será impulsado en 2026, tras el inicio de las sesiones ordinarias de marzo. La iniciativa contempla la eliminación definitiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificaciones en la Boleta Única de Papel (BUP) y cambios sustanciales en el financiamiento de los partidos políticos.
Uno de los puntos centrales es la incorporación de un casillero adicional en la BUP que permita votar la lista completa, una medida que busca evitar confusiones como las registradas en las elecciones legislativas de octubre. La Casa Rosada también proyecta extender el uso de la boleta única a todas las provincias, en línea con la estrategia impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien convocará a los referentes provinciales de La Libertad Avanza para coordinar la implementación.
El paquete incluye además la derogación del Título II de la Ley de Partidos Políticos (26.571), que regula las PASO y la composición jurídica de las agrupaciones. En paralelo, se prevén cambios en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (26.215): se eliminarían los límites a los aportes privados y se modificaría el cálculo de los gastos de campaña, reemplazando el actual sistema por un módulo electoral definido cada año en la Ley de Presupuesto. Las asignaciones públicas se calcularían en base al 50% de ese módulo, alterando el esquema vigente.
Otro aspecto en discusión es la eliminación de la obligación de destinar el 35% de la inversión en publicidad digital a medios periodísticos nacionales, junto con la supresión del Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión de la Cámara Nacional Electoral.