De acuerdo con la acusación, entre abril y agosto de 2024 se llevaron a cabo tratativas para la adquisición de tres vehículos de una cooperativa de trabajo, por un monto total de $75.944.000. La operación se formalizó el 5 de agosto mediante un boleto de compraventa con modalidad de pago mixta: parte en efectivo y transferencias bancarias, y el resto mediante cheques de distintas entidades, con vencimientos entre agosto y noviembre de 2024. Como garantía adicional, se libró un pagaré en blanco a favor de la cooperativa.
Aunque el precio no había sido cancelado en su totalidad, la cooperativa entregó uno de los vehículos en mayo y los dos restantes en agosto, tras la firma de la documentación registral. La operatoria se mantuvo sin inconvenientes hasta que, al momento de presentar al cobro los dos últimos cheques —ambos por sumas millonarias— estos fueron rechazados por falta de fondos, generando un perjuicio económico significativo.
La fiscalía remarcó la gravedad del hecho por el monto comprometido y el ardid desplegado, señalando que la maniobra se desarrolló bajo una apariencia de legalidad que generó confianza suficiente para concretar la entrega de los vehículos, pese a que el pago nunca se cumplió en su totalidad.
El caso continuará bajo investigación, mientras se busca dar con las otras personas presuntamente involucradas en la maniobra fraudulenta.