La iniciativa consensuada entre las fuerzas que firmaron el dictamen de mayoría también establece un plazo de 90 días corridos para que los decretos sean aprobados por ambas cámaras, y en caso de no cumplir con este plazo caduca su vigencia. Por otra parte, se prevé que «cuando los decretos a los que se refiere esta ley sean dictados durante el período de receso parlamentario, las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento conforme al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional». Por último, se estipula que «rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario».