La raíz del conflicto radica en la figura contractual que rige a gran parte del personal docente de la escuela: el monotributo. Esto significa que, aunque desempeñan funciones idénticas a las de cualquier docente del sistema público provincial, muchos educadores no gozan de los mismos derechos laborales, salariales ni previsionales.
“Compartimos el aula, las responsabilidades y los compromisos, pero no compartimos los derechos. Nuestra tarea se realiza en condiciones profundamente desiguales”, explicaron desde la Asamblea Docente.
A lo largo de más de una década, se han elevado petitorios, mantenido reuniones y presentado propuestas. Sin embargo, según denuncian, las respuestas siempre han sido esquivas, ambiguas o directamente inexistentes. Hoy, el reclamo vuelve a tomar fuerza, respaldado por una convicción que crece: “Docente luchando, también está enseñando”.
Una lucha silenciosa que busca visibilidad
El conflicto no es nuevo, pero ha permanecido durante años en un plano silencioso, sostenido con profesionalismo y compromiso por parte de docentes que, a pesar de la precarización, nunca dejaron de priorizar a sus estudiantes.
Ahora, la medida de fuerza busca un cambio de fondo. Exigen el reconocimiento formal de su rol como docentes, la regularización laboral y condiciones dignas de trabajo acordes a lo que dicta la ley y al rol fundamental que cumplen dentro del sistema educativo municipal.
“No es una lucha contra las familias ni contra los alumnos, es en defensa de una educación pública de calidad, con docentes reconocidos y protegidos como corresponde”, afirman los delegados.
Apoyo y próximos pasos
El quite de colaboración, que podría extenderse si no hay respuestas favorables, se desarrollará sin actividades presenciales con estudiantes, pero con presencia activa de los docentes en la escuela para sostener la organización y la visibilidad del reclamo.