Con esta decisión, el Gobierno de Javier Milei obtiene acceso pleno al expediente y la posibilidad de solicitar medidas de prueba, además de actuar como acusador privado. Se trata de un paso que marca un hito en la ofensiva judicial contra la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia.
La investigación, que preocupa a la cúpula de la AFA, apunta a la falta de ingreso —o ingreso fuera de término— de retenciones de Ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo y septiembre de 2024. Según la normativa, la entidad debía retener el 7,5% de los ingresos por entradas, pases de jugadores y derechos televisivos para cubrir la seguridad social de los empleados de los clubes, fondos que presuntamente no llegaron al Estado en tiempo y forma.
A finales de diciembre, el fiscal Claudio Navas Rial imputó a Tapia junto al tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. El delito de evasión agravada contempla penas de prisión efectiva, lo que eleva la tensión en Viamonte.
La gravedad del caso llevó al juez Amarante a habilitar la feria judicial de enero para avanzar con la investigación. Ya se libraron oficios al Banco Central y a entidades financieras para rastrear la ruta del dinero.
Por su parte, Tapia designó al abogado Norberto Frontini como defensor, en lo que se anticipa como una batalla legal extensa y desgastante.
La aceptación de ARCA como querellante refuerza la presión institucional sobre la AFA y abre un escenario judicial que podría tener consecuencias profundas para la conducción del fútbol argentino.