El principal foco de sospecha es la compra de un departamento realizada el 18 de noviembre de 2025 por 230.000 dólares. El valor generó alertas: se trata de una propiedad de casi 200 metros cuadrados en Caballito, muy por debajo del precio de mercado. Además, cerca del 87% del monto habría sido financiado mediante préstamos otorgados por dos jubiladas, lo que eleva las dudas sobre la legalidad y transparencia de la operación.
El inmueble pertenecía previamente a Viegas y Sbabo, reforzando la complejidad del financiamiento, y antes había sido propiedad del exfutbolista Hugo Morales, quien también fue citado. Morales declaró este martes de manera virtual y confirmó que adquirió el departamento en 1996 por 200.000 dólares, aunque su testimonio no aportó elementos nuevos para la causa.
La investigación no se limita a esa compra. Documentación incorporada revela que Adorni también hipotecó otra propiedad en la calle Asamblea y obtuvo a cambio un préstamo de 100.000 dólares de Molina y Cancio, ampliando el alcance del escrutinio judicial.
El expediente, a cargo del juez federal Ariel Lijo, entra en una fase decisiva. La fiscalía ya no solo busca explicar cómo se adquirieron los inmuebles, sino quién puso realmente el dinero y si las operaciones fueron compatibles con el patrimonio declarado por Adorni. Con las declaraciones en puerta, la investigación apunta a desarmar un posible circuito financiero destinado a encubrir fondos cuyo origen podría comprometer directamente al jefe de Gabinete.