El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario que busca aliviar el conflicto por los fondos de las universidades públicas. Sin embargo, las casas de estudio confirmaron que mantendrán la demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025 y aún incumplida por el Ejecutivo.

Los puntos del acuerdo

La propuesta incluye:

• Aumento salarial del 24,33% en dos tramos: 21,33% en julio y 3% en octubre.

• Reuniones paritarias trimestrales, con la inflación como piso para los incrementos.

• Incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, congeladas desde hace más de dos años.

• Financiamiento adicional de $50 mil millones para hospitales universitarios.

El acta también contempla una negociación específica para los docentes de colegios preuniversitarios, afectados por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID).

La disputa judicial

La causa por la Ley de Financiamiento Universitario cuenta con medidas cautelares favorables a las universidades, ratificadas en dos instancias, pero suspendidas por un recurso extraordinario del Ejecutivo. La decisión final está en manos de la Corte Suprema, que aún no fijó plazos.

El Gobierno sostiene que la norma es “ilegal” porque no identifica las fuentes de financiamiento, mientras que los rectores insisten en que el acuerdo económico no reemplaza la obligación de cumplir con la ley.

Reacción sindical y estudiantil

Desde Conadu advirtieron: “Por ahora, es todo informal. Tenemos que ser cuidadosos porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. Debe convocar a paritaria, cosa que no hace hace años”.

Las universidades permanecen en estado de alerta. El 26 de mayo, estudiantes y gremios realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para exigir una definición de los jueces de la Corte. También hubo medidas de fuerza en colegios preuniversitarios, con tomas en el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini.

El acuerdo representa un alivio parcial, pero la disputa por la Ley de Financiamiento mantiene abierto uno de los conflictos más sensibles del sistema universitario argentino.