La investigación judicial buscó determinar las responsabilidades penales por el hundimiento durante una misión de patrullaje en el Atlántico Sur. Según la acusación, tras la avería informada el 15 de noviembre de 2017, no se habrían aplicado las medidas de seguridad previstas, como ordenar la navegación en superficie o convocar de inmediato a especialistas.
El fallo marca una etapa clave en el proceso judicial por una de las tragedias más graves de la historia reciente de la Armada Argentina, aunque las partes aún podrán analizar las vías de apelación correspondientes.