La disputa procesal y política entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario sumó un nuevo capítulo en los tribunales federales. Luego de que la Justicia intimara al Gobierno a dar cumplimiento total a la cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, la defensa del Estado interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para frenar el apercibimiento de sanciones económicas e instar al magistrado a dar por cerrado el requerimiento.
La estrategia de la Casa Rosada radica en sostener que las obligaciones judiciales fijadas a fines de 2025 ya han sido satisfechas. Según la documentación presentada por la administración central, las recomposiciones otorgadas al sector docente y no docente acumularon una suba del 226,8%, cifra que ubican por encima de la inflación tomada como parámetro. Asimismo, la Secretaría de Educación fundamentó la actualización en los montos del programa de Becas Manuel Belgrano, aunque persisten las diferencias con los gremios y las casas de altos estudios sobre la magnitud del atraso salarial y el alcance del resto de las asignaciones estudiantiles.
El escrito de la representación estatal cuestionó que la intimación judicial no especifique cuáles son los puntos concretos que se consideran incumplidos y solicitó que, en caso de concederse la apelación subsidiaria, la medida tenga efecto suspensivo. Mientras la resolución queda supeditada a la decisión del juez Cormick o al eventual tratamiento de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el Ejecutivo busca mantener abiertas las paritarias con los gremios y el diálogo con los rectores en el marco de la discusión presupuestaria, con el objetivo de encauzar el conflicto por la vía política antes de un fallo definitivo.