En su fallo, el magistrado fundamentó la decisión en el alcance del artículo 31 de la Ley de Educación Superior, el cual prohíbe taxativamente la intervención de las fuerzas de seguridad provinciales y federales en predios universitarios nacionales sin una orden judicial fundada o un pedido expreso de las autoridades institucionales legítimas. La resolución dispone el cese de cualquier práctica de persecución, hostigamiento o detención arbitraria contra la comunidad universitaria, y ya fue notificada al Ministerio de Seguridad de la Provincia y a la Jefatura de la Policía de Tucumán.