El decreto establece que la Dirección General de Catastro de la Provincia asumirá las funciones que anteriormente cumplía la Subsecretaría disuelta, especialmente las relacionadas con la regularización dominial, en el marco de las leyes provinciales y nacionales que rigen la materia. De este modo, la Dirección de Catastro será la autoridad de aplicación de las normativas correspondientes, con el propósito de garantizar mayor transparencia en la gestión de inmuebles adquiridos por el Estado o destinados a fines sociales y habitacionales.