El Gobierno introdujo un régimen de créditos indicativos, que permite ajustes en determinadas partidas según la evolución del ejercicio. También se establecieron autorizaciones especiales para movimientos vinculados a gastos de inteligencia.
Finalmente, se endurecieron los requisitos para la ejecución de obras públicas y adquisiciones de bienes de uso, que solo podrán avanzar con dictamen técnico favorable. Además, se reforzó el sistema de seguimiento de programas, con la posibilidad de frenar pagos ante incumplimientos reiterados en la rendición de información.
Con estas disposiciones, el Ejecutivo busca consolidar un modelo de gestión más riguroso, en línea con su política de control y eficiencia en el uso de los recursos estatales.