El conflicto expone algo más que una política pública fallida. Revela hasta dónde está dispuesto a llegar un Gobierno cuando una ley no encaja en su programa. Desobedecer una sentencia judicial no es una provocación retórica: es un acto de poder que erosiona el Estado de Derecho.

La Justicia ya habló, fijó plazos y advirtió consecuencias. Si el Ejecutivo insiste en incumplir, el costo ya no se medirá en expedientes, sino en responsabilidad política, institucional y personal. Y esta vez, no habrá relato que alcance para disimularlo.