Política: El Gobierno sigue con cautela la causa Libra y minimiza el impacto de las nuevas pruebas
14/03/2026
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En la Casa Rosada aseguran que Javier Milei no tuvo participación en el desarrollo ni en la operatoria de la criptomoneda, que generó pérdidas por al menos US$100 millones. Las pericias sobre el celular de Mauricio Novelli reactivaron tensiones políticas y judiciales.
El Ejecutivo busca bajar el tono a las revelaciones surgidas de los peritajes tecnológicos en la causa por la criptomoneda $LIBRA, que dejó pérdidas millonarias a los inversores. En Balcarce 50 sostienen que el presidente Javier Milei no tuvo participación en el proyecto ni en su operatoria financiera, y remarcan que las pruebas conocidas no modifican su situación judicial.
El material incorporado a la causa proviene del análisis de los teléfonos del lobista Mauricio Novelli, donde se detectaron múltiples comunicaciones con integrantes del círculo presidencial en torno al lanzamiento de la criptomoneda, el 14 de febrero de 2025. El peritaje está en manos del fiscal Eduardo Taiano desde enero y fue realizado por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
En la Casa Rosada conviven dos miradas: algunos funcionarios aseguran que “no hay nada en el fondo de la cuestión” que comprometa penalmente al Presidente, mientras otros admiten que la difusión de registros y evidencias tuvo un fuerte impacto político y mediático.
Sectores más preocupados consideran que una eventual citación judicial a Javier o Karina Milei sería “lo peor que les podría pasar” y reconocen que harán “todo lo que tengan a disposición” para evitarlo.
La difusión de los datos reactivó discusiones sobre el manejo político y judicial del caso. Algunos atribuyen la “pérdida de control” a los cambios en el Ministerio de Justicia, con la llegada de Juan Bautista Mahiques y el desplazamiento de Sebastián Amerio como viceministro. Desde el espacio que responde a Karina Milei rechazan esa interpretación y aseguran que los avances judiciales no están vinculados con la reestructuración ministerial.
El Gobierno también observa con atención el rol del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que interviene en el expediente de Libra, y busca tender puentes con la Corte Suprema. En paralelo, ponen la mira en el juez Ariel Lijo, que lleva otra causa vinculada a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La causa Libra, que expone pérdidas por al menos US$100 millones, se convirtió en un frente delicado para el oficialismo, que intenta contener el impacto político mientras la Justicia avanza con las pericias y define los próximos pasos del proceso.
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