Economía: Brecha salarial, pobreza y recortes: el impacto del ajuste sobre las mujeres
07/03/2026
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En el marco del Día de la Mujer, datos laborales y presupuestarios muestran desigualdades persistentes y el fuerte recorte de políticas públicas destinadas a reducir brechas de género.
Al cumplirse un nuevo aniversario del Día Internacional de las Mujeres, los datos laborales y sociales en Argentina muestran una persistente desigualdad de género que atraviesa el empleo, los ingresos, el acceso a la protección social y las políticas públicas destinadas a reducir estas brechas.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la tasa de actividad de las mujeres alcanza el 52,6%, mientras que la de los varones llega al 70,1%, lo que representa una diferencia de 17,5 puntos porcentuales. La brecha también se observa en el desempleo. La tasa de desocupación femenina se ubica en 7,4%, frente al 5,9% de los varones, es decir 1,5 puntos porcentuales más.
A esto se suma una mayor informalidad laboral: el 38% de las mujeres trabaja en condiciones informales, contra 35,5% de los varones, lo que amplía la vulnerabilidad económica. La desigualdad se profundiza cuando se analizan los ingresos. En promedio, los varones perciben entre 27,3% y 29% más que las mujeres. En el caso del empleo informal, la brecha salarial se amplía hasta el 40%.
Estas diferencias generan una marcada feminización de la pobreza. Las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos, un aumento respecto del 61,4% registrado el año anterior. A medida que se avanza hacia los sectores de mayores ingresos, la presencia femenina disminuye. En el decil más alto de ingresos, las mujeres representan solo el 37%.
La contracara de este fenómeno es la masculinización de la riqueza: el 63% de las personas del sector de mayores ingresos son varones.
Uno de los factores centrales que condiciona la participación femenina en el mercado de trabajo se encuentra dentro del hogar. Las mujeres dedican tres horas más por día que los varones al trabajo doméstico no remunerado, lo que limita su disponibilidad para empleos remunerados.
Además, los sectores laborales más feminizados suelen ser los de menores ingresos. El caso más claro es el trabajo en casas particulares, donde el 98,8% de quienes trabajan son mujeres.
La desigualdad también se refleja en el patrimonio y el sistema tributario. Las mujeres están subrepresentadas entre quienes pagan impuestos progresivos: representan el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales y el 30% de quienes pagan impuesto a las ganancias. A su vez, tanto sus bienes como sus ingresos suelen ser de menor valor, lo que evidencia una fuerte brecha patrimonial.
En materia presupuestaria, el informe señala que el Presupuesto 2026 consolidó el desmantelamiento de políticas públicas con perspectiva de género iniciado en 2024.
En total, 7,5 de cada 10 programas destinados a reducir brechas de género sufrieron ajustes presupuestarios o fueron directamente eliminados.
Entre los programas vinculados a ingresos se registran fuertes recortes. La Moratoria Previsional sufrió un ajuste del 41,71%, la Prestación Alimentar cayó 17,26% y las Pensiones para Madres de siete o más hijos registraron una reducción del 0,83%.
El único programa con crecimiento real es la Asignación Universal por Hijo (AUH), con un aumento del 74,64%, utilizada como herramienta de contención social frente al ajuste general.
En el plano laboral, los tres programas principales destinados a reducir brechas de empleo —Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven— fueron prácticamente eliminados en el Presupuesto 2026.
Las políticas destinadas a combatir la violencia de género también registran fuertes recortes. El conjunto de programas destinados a proteger a víctimas sufrió un ajuste global del 86,5% respecto de 2023.
La asistencia estatal a través de la Línea 144 refleja esta reducción. Durante 2025 la cantidad de personas asistidas cayó un 90% respecto de 2023, y para 2026 se proyecta una meta física 79,1% inferior a la registrada tres años antes.
En materia de salud sexual y reproductiva, el programa de Educación Sexual Integral (ESI) fue prácticamente desmantelado, con una caída del 98%, quedando sin presupuesto para 2026.
El programa de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable registra un recorte del 20,9%.
En contraste, el programa de Respuesta al VIH e Infecciones de Transmisión Sexual muestra un aumento presupuestario del 11,2%, aunque con metas físicas que no coinciden con la ejecución registrada en 2024 y 2025. Durante todo 2025 no se distribuyó un solo preservativo a través de ese programa.
El Plan 1000 Días es el programa con mayor crecimiento presupuestario, con un aumento del 360,6%, lo que según el informe forma parte de una estrategia de contención social similar a la aplicada con la AUH.
Las políticas vinculadas al cuidado también sufrieron un fuerte retroceso. La paralización de la obra pública derivó en la virtual eliminación de programas como Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria y Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes.
Como consecuencia, para 2026 no se proyecta la construcción de un solo jardín de infantes en todo el país. Además, los programas restantes del Ministerio de Capital Humano no contemplan metas vinculadas a la creación de estos espacios.
El modelo económico implementado por el gobierno de Javier Milei también impactó especialmente en sectores laborales feminizados. En el trabajo en casas particulares, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 22.436 puestos de trabajo, mientras que el salario real cayó 35,2%.
En el sector educativo, donde el 73,1% del personal docente son mujeres, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) implicó una reducción salarial significativa, ya que este fondo representaba cerca del 12% del salario docente.
El sistema previsional también muestra impactos diferenciados. Las jubilaciones y pensiones explican el 23,1% del ajuste total del gobierno, principalmente mediante el congelamiento del bono destinado a quienes perciben la jubilación mínima, un universo en el que las mujeres están sobrerrepresentadas.
Al primer trimestre de 2025, la jubilación mínima —incluyendo el bono— se encontraba 18,3% por debajo de los niveles registrados entre septiembre y noviembre de 2023.
A esto se suma el veto presidencial a la extensión de la moratoria previsional. Según estimaciones, 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación, quedando relegadas a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Este beneficio equivale al 80% de la jubilación mínima y exige 65 años de edad, cinco más que la edad jubilatoria ordinaria femenina.
Finalmente, la reforma laboral aprobada en febrero incorpora cambios que, según el informe, implican una mayor desregulación del mercado de trabajo y un debilitamiento de la protección laboral.
Entre ellos se encuentra la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), compuesto por aportes mensuales de los empleadores equivalentes al 1% del salario en grandes empresas y 2,5% en PyMES, financiados mediante una reducción equivalente de las contribuciones patronales al sistema previsional.
Esta medida implica un costo fiscal estimado del 0,37% del PBI, equivalente a 4,6 veces el costo de la moratoria previsional que el gobierno vetó bajo el argumento de la sostenibilidad.
La reforma también modifica la protección frente a despidos por embarazo. A partir de ahora, una trabajadora despedida durante el embarazo no podrá reclamar la nulidad del despido ni exigir su reincorporación, quedando la respuesta estatal limitada a una indemnización agravada.
Otro de los cambios es la implementación del banco de horas, que permite compensar horas extras con tiempo de descanso en lugar de pagarlas. Esta modalidad introduce mayor incertidumbre horaria y puede dificultar la organización familiar, especialmente para quienes tienen responsabilidades de cuidado.
La reforma también prioriza los convenios laborales por empresa sobre los convenios nacionales, lo que podría debilitar derechos conquistados históricamente mediante la negociación colectiva, entre ellos las licencias extendidas de maternidad y paternidad.
Por último, la derogación de la Ley de Teletrabajo Nº 27.555 eliminó la única normativa que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, los datos reflejan que las brechas de género persisten en múltiples dimensiones —empleo, ingresos, patrimonio y protección social— y que los recortes presupuestarios y cambios normativos profundizan las desigualdades existentes.
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