Aunque la ley facilita la creación de sindicatos de empresa, el desafío para el Gobierno es que los convenios deben ser firmados por organizaciones con personería gremial. Esto podría generar conflictos internos y sobrecostos para las compañías, ya que los dirigentes sindicales de empresa tendrían tutela gremial dentro de los establecimientos.
La apuesta oficial, en definitiva, apunta a descentralizar la negociación colectiva y reducir la capacidad de presión del sindicalismo tradicional, aunque su implementación enfrenta resistencias y riesgos legales.