Mientras tanto, la investigación continúa y el juez Lijo debe resolver la situación procesal de los imputados incorporados en una segunda etapa de indagatorias. Según el fiscal Franco Picardi, las maniobras investigadas habrían generado un perjuicio superior a los 75 mil millones de pesos para el Estado.
De acuerdo con el expediente, Spagnuolo, junto con su ex segundo, Daniel Garbellini, y empresarios vinculados al sector, entre ellos Miguel Calvete y Pablo Atchabahián, habría integrado un sistema paralelo de compulsas de precios en el que participaba un reducido grupo de proveedores. La hipótesis judicial sostiene que ese mecanismo simulaba competencia para favorecer adjudicaciones con sobreprecios y retornos ilegales en contrataciones destinadas a personas con discapacidad.
La Sala II de la Cámara Federal también tiene pendiente revisar los procesamientos de Spagnuolo y del resto de los implicados. El exdirector de la ANDIS está acusado como presunto jefe de una asociación ilícita y enfrenta cargos por negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada y cohecho pasivo.