Política: El Gobierno le cierra la puerta a los endeudados y busca bloquear una ofensiva opositora
31/08/2026
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Martín Menem rechazó una intervención estatal ante el aumento de la mora y busca evitar la sesión convocada para el 9 de septiembre. La oposición impulsa un paquete de medidas para refinanciar deudas, proteger a los usuarios financieros y frenar el sobreendeudamiento.
El Gobierno decidió no avanzar con una asistencia estatal para las familias endeudadas y concentra ahora sus esfuerzos en evitar que la oposición consiga llevar el tema al recinto de la Cámara de Diputados. La pulseada tendrá un capítulo clave el 9 de septiembre, cuando distintos bloques opositores intentarán reunir nuevamente el quórum necesario para avanzar con proyectos destinados a aliviar el sobreendeudamiento y la mora.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ratificó la posición del oficialismo y sostuvo que no considera necesaria una intervención del Estado. “No creemos que sea necesario que el Estado intervenga, porque cada vez que intervino en algo las cosas terminaron peor”, afirmó en declaraciones radiales.
Menem también buscó relativizar el nivel de morosidad. Según sostuvo, “la mora de la que vienen hablando ya empezó a bajar” y, medida en relación con el PBI, resulta “insignificante”. Además, señaló que la mayor parte de las deudas involucradas corresponden a montos pequeños.
Pero detrás de esa discusión económica se desarrolla otra disputa, estrictamente política. La oposición logró reunir 133 votos en la última sesión para impulsar el tratamiento del endeudamiento familiar, una cifra que supera el mínimo de 129 diputados necesarios para conseguir quórum.
Ese número encendió las alarmas en La Libertad Avanza, porque para alcanzar esa mayoría resultó determinante el acompañamiento de legisladores de bloques que mantienen vínculos con gobernadores dialoguistas. Entre ellos aparecen diputados salteños y misioneros de Argentina Federal, tucumanos de Independencia y representantes de Elijo Catamarca.
El oficialismo necesita ahora evitar que esos sectores vuelvan a acompañar la convocatoria. Por eso, Menem endureció el discurso contra el kirchnerismo, pero evitó confrontar directamente con los legisladores de los bloques intermedios cuyo voto puede resultar decisivo.
“Algunos de los que han firmado tal vez lo hicieron con buenas intenciones, pero de fondo está el monstruo, los que gobernaron 20 años la Argentina, que quieren una economía cerrada”, sostuvo el titular de Diputados.
Mientras intenta contener esa ofensiva política, el oficialismo puso en marcha una estrategia parlamentaria para desactivar la sesión del 9 de septiembre sin enfrentarla directamente. La Comisión de Finanzas, presidida por el libertario Santiago Pauli, comenzará este miércoles a analizar alrededor de 30 proyectos vinculados con el endeudamiento y la morosidad.
La intención es convocar a los autores de las iniciativas y a especialistas para discutir el problema dentro de las comisiones. Menem anticipó que el oficialismo buscará “descomprimir algunas situaciones y que se vayan hablando en comisión” y dejó abierta incluso la posibilidad de presentar proyectos propios.
La jugada apunta a quitarle urgencia a la sesión opositora. Si el debate ya está formalmente abierto en comisión, el oficialismo espera que los bloques cercanos a los gobernadores tengan menos incentivos para garantizar el quórum en el recinto.
La oposición, sin embargo, interpreta la maniobra de otra manera. Sus legisladores calificaron la convocatoria a la Comisión de Finanzas como una “cortina de humo” y una “jugada distractiva”, porque consideran que La Libertad Avanza no tiene intención real de avanzar hacia dictámenes sobre el tema.
El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, apuntó directamente contra los gobernadores que pueden inclinar la balanza. “Es clave que haya quórum el 9 de septiembre en la sesión especial, para garantizar que las soluciones avancen y no caigan en saco roto”, advirtió, y reclamó que los mandatarios provinciales no vuelvan a favorecer al Gobierno “por acción u omisión”.
La disputa parlamentaria además comenzó a trascender el Congreso. La Iglesia sumó presión sobre el Gobierno y expresó preocupación por el crecimiento del endeudamiento de los hogares.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, planteó la necesidad de encontrar algún mecanismo de intervención. Advirtió que debería haber criterios para limitar el crecimiento de las deudas y analizar qué proporción de los ingresos de una persona puede destinarse al pago de obligaciones.
Colombo también cuestionó las condiciones de determinados créditos al señalar que existen deudas “claramente leoninas” al momento de ser contraídas. Y reclamó evitar una mirada superficial sobre el problema.
Las declaraciones adquieren mayor relevancia por producirse mientras avanza la organización de la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista para el 8 de noviembre, en un contexto donde ya existen diferencias entre la mirada socioeconómica del Pontífice y la del Gobierno de Javier Milei.
En Diputados, mientras tanto, la oposición todavía intenta unificar un conjunto heterogéneo de iniciativas. Los proyectos no plantean una única salida, sino diferentes mecanismos para enfrentar el problema: desde la refinanciación de deudas de familias en mora hasta nuevas herramientas para prevenir el sobreendeudamiento y modificaciones a las reglas del crédito al consumo.
Una de las iniciativas, impulsada por Caren Tepp y Diego Giuliano, propone refinanciar las deudas de familias con tarjetas de crédito y préstamos personales que ya se encuentran en mora, además de establecer mecanismos para reducir el peso de las cuotas sobre los ingresos familiares.
Otro proyecto, presentado por Pablo Juliano, propone crear un Régimen de Protección y Defensa de Usuarios Financieros y de Prevención del Sobreendeudamiento. La iniciativa contempla que quienes acumulen varias obligaciones puedan acceder a una instancia para revisar el conjunto de sus deudas, determinar capital e intereses y negociar una reorganización de los pagos.
El proyecto no plantea una condonación generalizada ni que el Estado se haga cargo de los créditos impagos, sino un mecanismo previo a una eventual instancia judicial para facilitar la reestructuración.
También existen propuestas para modificar la Ley de Tarjetas de Crédito, con mayores protecciones frente a determinadas cláusulas contractuales, restricciones a cargos fijos por mora y al cobro de servicios no solicitados. Una de las iniciativas plantea, además, que los intereses punitorios no puedan superar en más de un 20% a los intereses compensatorios.
Así, el endeudamiento familiar se convirtió en una nueva batalla política entre el Gobierno y la oposición. La Casa Rosada apuesta a contener el tema dentro de las comisiones y evitar que llegue al recinto; la oposición busca convertir la mora y el sobreendeudamiento en una bandera parlamentaria capaz de reunir a sectores muy distintos.
El primer test será el 9 de septiembre: si la oposición consigue los 129 diputados en sus bancas, el Gobierno deberá enfrentar en el recinto una discusión que hasta ahora intenta mantener bajo control.
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