Actualidad: “El encierro no puede ser la solución”, la mirada de dos penalistas sobre el nuevo régimen juvenil
11/09/2026
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Los penalistas Agustina Mentesana Alberti y José Sánchez Martínez analizaron la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil y explicaron qué implica para los adolescentes de 14 a 18 años. También marcaron los desafíos que enfrenta Tucumán para aplicarlo.
La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil abrió nuevamente el debate sobre la responsabilidad de los adolescentes frente al delito y sobre cuál debe ser la respuesta del Estado. Sobre este nuevo escenario hablaron los penalistas Agustina Mentesana Alberti y José Sánchez Martínez en Parte de Prensa, quienes analizaron los cambios que introducen la normativa y la situación particular de Tucumán.
Para Mentesana Alberti, uno de los primeros puntos que debe quedar claro es que la modificación no puede reducirse solamente a la llamada baja de la edad de imputabilidad. “No solamente hablamos de la baja de punibilidad de 16 a 14 años, sino que es todo un nuevo régimen penal juvenil”, explicó.
La abogada remarcó que el nuevo sistema contempla distintas respuestas frente a un delito y que un adolescente de 14 años no queda automáticamente condenado a prisión. “No es que una persona de 14 años va a cometer un delito y automáticamente va preso”, sostuvo, al advertir sobre una interpretación que, según señaló, suele instalarse en el debate público.
En esa línea, destacó que el objetivo del régimen no debería ser exclusivamente el castigo. “No vamos a buscar el castigo de ese menor con este nuevo régimen penal juvenil, sino que esa persona pueda entender lo que ha realizado, tomar conciencia de sus acciones y de alguna manera hacerse responsable de eso”, explicó.
La reforma también establece un máximo de 15 años de prisión para los delitos más graves, mientras que prohíbe la prisión perpetua y la reclusión para menores. Pero el sistema contempla, además, distintas medidas que pueden aplicarse sin llegar a una pena privativa de la libertad.
Sánchez Martínez recordó que Tucumán tiene un antecedente concreto. Desde 2019, la provincia cuenta dentro de su sistema procesal penal con un régimen específico para adolescentes, con estándares que, según explicó, ya incorporan buena parte de las previsiones que aparecen en la nueva legislación nacional.
“En Tucumán el sistema tiene vigencia con estos estándares que no son iguales que la ley, pero bastante avanzados desde el 2019”, señaló.
El abogado explicó que durante estos años se fueron incorporando distintos organismos y actores al abordaje de los adolescentes en conflicto con la ley penal, con especial atención a las medidas socioeducativas y al principio de especialidad que debe atravesar a quienes intervienen en estos procesos.
Ese principio, sostuvo, no alcanza solamente a jueces, fiscales y defensores. También involucra a quienes tienen contacto directo con los adolescentes, incluso dentro de las fuerzas de seguridad. Sánchez Martínez recordó que participó en discusiones vinculadas con un manual de buenas prácticas para prevenir situaciones de violencia institucional.
“La especialización incluso va a los auxiliares, principalmente a la Policía”, explicó.
El régimen contempla además espacios diferenciados para adolescentes privados de su libertad. Sánchez Martínez mencionó al CAD y los institutos destinados al alojamiento de jóvenes, entre ellos el Instituto Cura Brochero, en Benjamín Paz, y el Roca.
Pero para los especialistas, la privación de libertad debe ocupar un lugar excepcional dentro del sistema.
“El encierro, por lo menos desde esta parte, creemos que tiene que ser una herramienta, pero no puede ser la solución al problema”, afirmó Mentesana Alberti.
La abogada vinculó esa definición con uno de los indicadores que, a su entender, permitirá evaluar el verdadero resultado de la reforma: la reincidencia. “El verdadero resultado de esta reforma también va a depender de cuántos chicos no sean reincidentes el día de mañana”, planteó.
Y agregó una advertencia: “Si nosotros los vamos a tener encerrados y después van a terminar cometiendo delito, es que algo fallamos”.
Para ambos abogados, la discusión tampoco puede separarse de las causas que atraviesan el delito juvenil. Sánchez Martínez sostuvo que el delito es un fenómeno multicausal y cuestionó la idea de que una pena pueda resolver por sí misma un problema social más amplio.
“Si no atacamos las causas y nos vamos a las penas, no tiene solución”, afirmó.
En ese abordaje aparece también el consumo problemático de sustancias, que Mentesana Alberti identificó como “otro gran tema que tienen hoy en día los menores”, junto con la necesidad de trabajar sobre la educación, la integración social y la resocialización.
La nueva normativa también incorpora con mayor protagonismo a las víctimas. Mentesana Alberti destacó que existe un discurso social según el cual los derechos estarían reservados para quienes cometen delitos, y remarcó que la víctima también está contemplada dentro del régimen.
El sistema prevé además la participación de los padres en determinados aspectos vinculados con la responsabilidad civil por los daños provocados por sus hijos.
El punto crítico del juicio abreviado
Uno de los tramos más técnicos y, a la vez, más relevantes de la entrevista estuvo relacionado con el juicio abreviado.
Sánchez Martínez pidió poner especial atención sobre este mecanismo porque implica que el acusado reconozca el hecho que se le atribuye a cambio de una determinada consecuencia penal. El problema, advirtió, aparece cuando el adolescente acepta una plataforma fáctica que no comprende o que incluso sostiene que no cometió.
“El juicio abreviado es reconocer un hecho del que se te acusa, donde te dan un mínimo de pena por haber evitado ir al juicio, y eso conlleva la declaración de responsabilidad penal y una pena. Y es un antecedente penal”, explicó.
Por eso, insistió en que el adolescente debe contar con una defensa especializada y tener un contacto real con su abogado.
“Para eso tiene que estar bien asesorado”, sostuvo.
Y fue todavía más específico: “Tenés que tener contacto con el defensor y explicarte lo que está pasando, que estás aceptando un hecho, si ese hecho lo has cometido, porque eso va a tener como consecuencia una pena”.
El planteo cobra especial importancia en un sistema donde los adolescentes cuentan con un conjunto ampliado de derechos y garantías. Para Sánchez Martínez, no alcanza con que el procedimiento cumpla formalmente con los requisitos: el joven debe comprender qué se le imputa y qué consecuencias tendrá la decisión que adopte.
Tucumán tiene experiencia, pero también problemas estructurales
La provincia cuenta con herramientas y experiencia previa, pero eso no significa que la implementación esté exenta de dificultades.
Sánchez Martínez fue particularmente crítico con la estructura disponible dentro del área de Desarrollo Social y con los recursos destinados al cumplimiento de las medidas socioeducativas.
“Hay que trabajar en esa área porque si no cumple el fin que tiene la norma, que normativamente es linda, que dice que hay que tener derechos, que va a ser un sistema diferenciado, que hay que resocializar, que hay que educar”, sostuvo.
El problema, aclaró, no pasa necesariamente por la calidad de los profesionales. De hecho, reivindicó el trabajo de abogados, defensores, fiscales y funcionarios especializados.
“Conozco buenos profesionales que están ahí”, afirmó. Pero inmediatamente marcó la dificultad central: “No tiene estructura. Hay poco personal para todo el abordaje que hay que hacer”.
Como ejemplo de esas carencias, contó que en una reunión reciente el área no contaba siquiera con un vehículo para determinadas tareas.
La implementación del nuevo régimen requiere, entonces, mucho más que una adecuación normativa. Se necesitan recursos, equipos interdisciplinarios, espacios diferenciados y profesionales capacitados para que las medidas previstas puedan cumplir efectivamente su objetivo.
En ese punto, Mentesana Alberti sumó otro desafío que excede a los tribunales: hacer que el derecho sea comprensible para quienes deben atravesar el sistema.
“Uno de los desafíos que tenemos tanto como operadores de Justicia y como sociedad es poder hacer que el derecho sea entendible para todo el mundo”, señaló.
Y volvió sobre el ejemplo del juicio abreviado: “Muchas veces quedamos alejados de la sociedad y, como bien decía el doctor, llega una persona a aceptar un juicio abreviado y no sabe de qué le están hablando”.
Para Sánchez Martínez, además, la discusión sobre la baja de la edad de responsabilidad penal tiene un fuerte componente de política criminal. Cuestionó que se presente como una respuesta definitiva frente al delito y sostuvo que la mayor parte de los hechos delictivos no tiene como protagonistas a adolescentes.
“Bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14, cuando los delitos no los cometen mayoritariamente los adolescentes, es una cuestión de índole más política y de saciar a la sociedad sobre algunos hechos que son violentos”, afirmó.
El desafío, en definitiva, no pasa solamente por determinar desde qué edad un adolescente puede quedar sometido al sistema penal. También está en cómo se aplica ese sistema, qué herramientas existen para evitar la reincidencia y qué recursos tendrá Tucumán para sostener las medidas previstas por la nueva normativa.
Y en ese punto vuelve a aparecer la definición que atravesó buena parte de la entrevista. Para Mentesana Alberti, “el encierro tiene que ser una herramienta, pero no puede ser la solución al problema”.
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