Actualidad: Las universidades vuelven a la calle y exigen que Milei cumpla la ley de financiamiento
11/10/2026
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ADIUNT convocó a un paro docente en la UNT para el 15 de octubre y llamó a movilizarse desde el Rectorado hasta Plaza Independencia. La protesta nacional reclamará salarios dignos, becas y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La comunidad universitaria volverá a las calles el próximo jueves 15 de octubre, en una nueva jornada nacional de protesta para exigir que el Gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. En Tucumán, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) convocó a un paro docente para facilitar la participación en la quinta Marcha Federal Universitaria, que tendrá como eje la defensa de la educación pública y el reclamo por los recursos necesarios para sostener el sistema universitario.
La concentración en la provincia está prevista para las 17 en el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, desde donde la movilización partirá hacia Plaza Independencia. La convocatoria alcanza a docentes, estudiantes, personal no docente, graduados y al conjunto de la comunidad tucumana.
La medida de fuerza responde a lo resuelto por la Asamblea General de ADIUNT el 25 de septiembre y a la falta de convocatoria a medidas de fuerza por parte de la federación. El objetivo es garantizar una participación masiva en una movilización que volverá a poner en primer plano el deterioro salarial de los trabajadores universitarios y la situación presupuestaria de las casas de estudio.
El reclamo excede la cuestión salarial. Las universidades nacionales advierten sobre el impacto de la pérdida de recursos en las condiciones de enseñanza, investigación y extensión, y exigen que el Poder Ejecutivo cumpla con la ley sancionada por el Congreso.
La disputa por el financiamiento vuelve a los tribunales
La convocatoria se produce en medio de una nueva controversia judicial entre el Gobierno nacional y las universidades. El juez Martín Cormick declaró la inconstitucionalidad de la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El Ejecutivo apeló la decisión y el caso deberá ser revisado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
La disputa se prolonga pese a que la norma fue aprobada por el Congreso y logró superar el veto presidencial con una mayoría calificada. Para las autoridades universitarias, la sucesión de recursos judiciales posterga una respuesta a las necesidades presupuestarias y salariales del sistema.
Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, describió el recorrido judicial como «el cuento de la buena pipa, una historia de nunca acabar».
El rector recordó que la ley fue votada cinco veces por el Congreso y que su aplicación recibió respaldo judicial en distintas instancias cautelares. También remarcó que el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para suspender una norma sancionada por el Legislativo.
En la misma línea, Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, cuestionó la nueva apelación del Gobierno y reclamó el cumplimiento de la legislación vigente. «El Gobierno debe cumplir la Ley», afirmó.
Uno de los puntos centrales de la controversia es la recomposición salarial. Según las estimaciones difundidas en el marco del reclamo universitario, la deuda acumulada por el incremento salarial para docentes y no docentes alcanzaría el 33%, mientras que el atraso en las partidas destinadas a becas llegaría al 100%.
Salarios, becas y presupuesto en el centro del reclamo
El conflicto también se proyecta sobre el Presupuesto 2027. Mientras el Gobierno nacional propuso destinar $7,3 billones al sistema universitario, los rectores reclamaron $11 billones para sostener el funcionamiento de las instituciones y sus actividades esenciales.
La diferencia entre ambas cifras anticipa otra disputa en el Congreso, donde el financiamiento de las universidades será uno de los temas centrales de la discusión presupuestaria.
A la tensión por los recursos se sumaron cuestionamientos por la respuesta oficial a las protestas estudiantiles. Esta semana, estudiantes realizaron una sentada pacífica en el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, para reclamar el cumplimiento de la ley. Tras el operativo de desalojo, el Ministerio de Capital Humano anunció que denunciaría a los participantes por presuntos daños y por una supuesta toma violenta.
Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, cuestionó la actuación oficial y consideró que el Gobierno vuelve a utilizar mecanismos de confrontación frente a los reclamos universitarios. También criticó la oferta salarial del 3% presentada en la última negociación paritaria.
Una nueva marcha en defensa de la universidad pública
La movilización del 15 de octubre será la quinta gran Marcha Federal Universitaria y buscará reunir nuevamente a distintos sectores de la comunidad educativa en defensa de la universidad pública.
Para Chevalier, la convocatoria expresa la decisión de sostener el reclamo pese al desgaste que provoca la prolongación del conflicto. «La paciencia se agota, pero no podemos darnos el lujo de la resignación», sostuvo.
Durán, por su parte, llamó a llenar las plazas del país y reclamó que la Justicia avance con la aplicación de multas a los funcionarios nacionales responsables del incumplimiento de la ley, según su planteo.
Torres advirtió que la discusión no se limita al dinero destinado a las universidades, sino que también involucra el respeto por las instituciones y la división de poderes.
«Lo que está en juego no es solo el financiamiento universitario, sino el respeto por las instituciones, la división de poderes y las reglas básicas de nuestra democracia», afirmó el rector.
En Tucumán, el paro convocado por ADIUNT buscará que la docencia universitaria y preuniversitaria pueda sumarse a una jornada que tendrá como escenario las calles de todo el país. El reclamo reunirá la defensa de los salarios, las becas y el presupuesto en una exigencia central: que el Gobierno cumpla la ley y garantice los recursos necesarios para sostener la educación pública.
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