El discurso oficial habla de inclusión, pero las cifras muestran otra realidad. Desde que Javier Milei llegó al Gobierno, el sistema de pensiones no contributivas perdió 71.000 beneficiarios. Mientras tanto, unas 200.000 personas siguen esperando una respuesta a sus solicitudes y otras 21.000 recibieron suspensiones que, en su mayoría, responden a cuestiones administrativas.
El ajuste también queda expuesto en la ejecución del presupuesto. A un mes y medio de terminar 2026, el 61% de los programas y metas vinculados a las personas con discapacidad registra una ejecución inferior al 50%. Las acciones de prevención y control de discapacidades alcanzaron apenas el 33,42%; la atención a personas con discapacidades psicofísicas, el 43,81%; y las políticas de integración, el 46%.
La contradicción se profundiza en el terreno laboral. Los beneficios mensuales destinados a promover la contratación de trabajadores con discapacidad quedaron un 53% por debajo de lo proyectado para este año. El panorama ya era crítico: según el último registro de la antigua Agencia Nacional de Discapacidad, el 87,4% de las personas con discapacidad estaba desempleado en 2023, frente a una desocupación general que actualmente se ubica en el 7,9%.
Mientras estos indicadores se acumulan, Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, anunció que el proyecto de una nueva Ley de Discapacidad está listo para ser tratado y podría llegar al recinto el 19 de noviembre. La senadora lo presentó como una norma necesaria para construir un país en el que nadie quede afuera.
Pero hay una pregunta que atraviesa toda la discusión: ¿qué pasó con la ley de emergencia que el propio Congreso aprobó, que el Gobierno debió reglamentar por orden judicial y que todavía tiene obligaciones pendientes? Su vigencia termina el 31 de diciembre.
Una emergencia que sigue sin respuestas
El atraso arancelario que sufren los prestadores es uno de los principales reclamos del sector. Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, advirtió que la deuda acumulada desde 2024 alcanza el 30%.
La ley de emergencia contemplaba un estudio de costos y la compensación de las diferencias, pero esas medidas no se concretaron. Molero también advirtió que la nueva normativa necesitará modificaciones presupuestarias para garantizar su aplicación y cuestionó que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple eliminar el nomenclador único de discapacidad, una herramienta que establece valores comunes para las prestaciones.
"Si el presupuesto no cambia la ley se cae", resumió.
Desde las organizaciones también cuestionan el incumplimiento del cupo laboral del 4% en el Estado y las condiciones de precariedad que enfrentan quienes consiguen empleo. Laura Alcaide, integrante de la Asamblea Discas en Lucha y de Orgullo Disca, señaló que la Agencia Nacional de Discapacidad era, al comienzo de la gestión, el único organismo que cumplía con ese porcentaje. Hoy, denunció, el organismo fue desmantelado y sus trabajadores despedidos, entre ellos personas con discapacidad.
Pensiones cada vez más lejosEl deterioro también se refleja en los ingresos. En noviembre, una pensión no contributiva alcanza los $380.000 con el bono incluido, mientras que la canasta básica de bienes y servicios para un adulto calculada por el Indec llega a $546.926. La diferencia supera los $166.000, sin contemplar siquiera los gastos específicos que puede afrontar una persona con discapacidad.
A esto se suman las demoras en el otorgamiento de pensiones y las suspensiones que obligan a los beneficiarios a presentar documentación en plazos de 60 días. Desde el sector advierten que muchas de esas bajas responden a problemas administrativos y no a irregularidades comprobadas.
Rocío Librandi, acompañante terapéutica e integrante de la Asamblea Discas en Lucha, fue todavía más contundente al cuestionar la política oficial. Denunció que la emergencia nunca se aplicó plenamente y sostuvo que el Gobierno estigmatiza y criminaliza a las personas con discapacidad y sus familias.
"Hay un plan sistemático y silencioso de exterminio de las personas con discapacidad, por considerarlas un gasto", afirmó.
Con una ley de emergencia que todavía no se cumple, miles de pensiones demoradas, programas subejecutados y 71.000 beneficiarios menos, el anuncio de una nueva legislación abre otro interrogante: si el Gobierno no cumplió la norma vigente, ¿qué garantías existen de que cumplirá la próxima?