El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, encabezó junto al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Pablo Quirno, el acto oficial de entrega de un documento histórico de 1833 que aporta nuevos antecedentes al reclamo soberano de la República Argentina sobre las Islas Malvinas. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio San Martín, donde el Ejecutivo tucumano remitió a la Cancillería copia del oficio oficial enviado en enero de 1833 por el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, a su par de Tucumán, mediante el cual se notificó formalmente la ilegítima ocupación británica perpetrada el 3 de enero de aquel año.
Recuperado a partir del proceso de conservación y digitalización que lleva adelante el Archivo Histórico de la Provincia, el escrito acredita que la comunicación sobre la usurpación circuló por canales institucionales regulares entre Buenos Aires y los gobiernos provinciales, evidenciando el carácter nacional de la defensa territorial desde el inicio del conflicto. Al tomar la palabra, Jaldo subrayó que el instrumento demuestra desde el plano administrativo, jurídico e histórico la pertenencia argentina del archipiélago, destacó el protagonismo histórico de Tucumán en la construcción institucional del país y remarcó el consenso transversal que convoca la causa Malvinas junto a excombatientes y representantes de distintos espacios políticos.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno señaló que el aporte documental tucumano enriquece el acervo de la Cancillería y fortalece la labor del Consejo Consultivo sobre temas vinculados al Atlántico Sur (CASUR), ratificando el mandato constitucional de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía mediante una solución pacífica y negociada con el Reino Unido. Asimismo, en el marco de la estrategia integral anunciada por el Ejecutivo nacional para resguardar los recursos de la plataforma continental, el funcionario confirmó que el Estado argentino dirigió advertencias formales e impulsó procedimientos sancionatorios contra las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum por promover el proyecto hidrocarburífero "Sea Lion" en la Cuenca Malvinas Norte bajo licencias ilegales británicas.