El nuevo régimen incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de información de ANSES, ARCA, Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social.
Sin embargo, la posibilidad de suspender una pensión queda sujeta a un procedimiento que garantiza el derecho de defensa. La persona afectada deberá recibir una notificación formal y tendrá 60 días para presentar su descargo antes de que la autoridad competente revise su situación.
Con la aprobación unánime del Senado, el sistema de discapacidad tendrá un marco legal permanente que obliga al Estado a sostener las pensiones, garantizar las prestaciones, mantener la cobertura sanitaria y establecer plazos concretos para saldar las deudas con quienes brindan los servicios.