El plan contempla el despliegue de fuerzas federales en puntos estratégicos de la provincia de Misiones, especialmente en la localidad de Bernardo de Irigoyen, donde la permeabilidad de la frontera ha facilitado el accionar de redes criminales. Según Bullrich, la falta de control en esta región ha permitido el crecimiento de actividades ilícitas, incluyendo sicariatos y tráfico de drogas.
Para enfrentar esta problemática, el gobierno ha decidido reforzar la presencia de Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal, en coordinación con Migraciones y Aduanas. Además, se establecerá una cooperación con las autoridades brasileñas para garantizar un control más efectivo del tránsito de personas y mercancías.
Desde febrero, las fuerzas de seguridad han intensificado los operativos en la zona, logrando un aumento significativo en la incautación de drogas y productos de contrabando. Sin embargo, esta ofensiva ha generado reacciones violentas por parte de grupos criminales, incluyendo atentados y amenazas contra efectivos de seguridad.
Bullrich enfatizó que el objetivo del Plan Guaçurarí es recuperar el control territorial y evitar que el crimen organizado siga expandiéndose. “Cada metro sin control es un metro ganado por el delito”, afirmó la ministra, destacando la importancia de una acción coordinada entre todas las agencias del Estado.
El plan ha sido recibido con expectativas y desafíos. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como una respuesta necesaria ante el avance del crimen, algunos sectores advierten sobre la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos en la implementación de las medidas de seguridad.
La puesta en marcha del Plan Guaçurarí marca un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad del país, con el foco puesto en la protección de las fronteras y la lucha contra el crimen organizado. Su impacto y efectividad serán evaluados en los próximos meses, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional.