Todo estalló tras una entrevista en el canal Gelatina, donde
Marlene Spesso, madre de Ian, relató una polémica conversación que mantuvo con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad,
Diego Spagnuolo. Según su testimonio, el funcionario habría afirmado que “tener un hijo con discapacidad es un problema familiar y no del Estado”. Ian, además, aseguró que se les cuestionó por qué las personas con discapacidad no pagan peajes. Declaraciones graves que, de confirmarse, pintan un cuadro escalofriante del pensamiento oficial.
En lugar de abrir una investigación o tender puentes, el gobierno eligió el camino del ataque. Spagnuolo negó todo y el presidente
Javier Milei se sumó a las críticas, respaldando tácitamente la postura del funcionario y dejando solo a un niño. La reacción fue feroz: desde los medios oficialistas se intentó desacreditar el testimonio de Ian, cuestionando su credibilidad y tratando de instalar la idea de que había mentido.
En medio de esa tormenta mediática, Ian, visiblemente afectado, rompió en llanto en una entrevista con el periodista Paulino Rodrigues. Lejos de retractarse, el niño publicó luego un video en redes sociales, con un mensaje de enorme entereza: “Fue una situación bastante fea, pero ahora estoy bien. Lo importante es que lo pude superar”. Su familia, además, emitió un comunicado donde acusaron a ciertos periodistas de actuar con bajeza, y reclamaron respeto para la palabra de un niño activista que solo busca una sociedad más justa.
Pero el eje de la discusión no debería ser Ian, sino la crisis profunda que atraviesa el sistema de discapacidad en Argentina. Bajo la gestión Milei, se han recortado pensiones no contributivas, se paralizó la entrega de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) y los prestadores de salud atraviesan una situación crítica por falta de pagos. Miles de personas quedaron sin terapias, traslados, asistencia escolar y medicamentos.
El modelo de ajuste que pregona el gobierno nacional no solo golpea la economía, sino también los derechos humanos más básicos. El desprecio con el que se trató la denuncia de Ian Moche no es un hecho aislado: es el reflejo de una gestión que elige recortar donde más duele, en los sectores más vulnerables.
Hoy, el Estado no solo se corre: ataca, niega y humilla. Y lo hace con el aval del Presidente. En esa lógica cruel, las personas con discapacidad no son vistas como ciudadanos con derechos, sino como una carga para eliminar del presupuesto. Ian, con su voz frágil pero firme, vino a recordarnos que no se puede callar lo que está mal. Aunque tenga solo 12 años, entendió algo que muchos funcionarios parecen haber olvidado: los derechos no se negocian. Se garantizan.