El argumento central del Ejecutivo es que “el Estado no debe otorgar privilegios que no existen en el sector privado”, y que el día libre financiado por los contribuyentes “no se justifica en el actual contexto económico”. La medida afecta a trabajadores de la administración central y descentralizada, docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad, judiciales y universitarios.
El anuncio generó malestar en distintos gremios estatales, que esperaban un fin de semana largo al coincidir la fecha con un viernes. Desde ATE y UPCN anticiparon que podrían evaluar medidas de fuerza o reclamos formales, al considerar que se trata de un “retroceso en derechos adquiridos”.
El Día del Trabajador del Estado fue establecido por ley en 2013, en homenaje a la adopción del Convenio 151 de la OIT sobre negociación colectiva en el sector público. Aunque no figura como feriado nacional, tradicionalmente se otorgaba como asueto en numerosas dependencias.
Con esta decisión, el Gobierno refuerza su postura de reducir el peso del Estado y alinear sus condiciones laborales con las del sector privado. Pero también abre un nuevo frente de conflicto con los sindicatos, en un momento de alta sensibilidad social.