Salud: Bidegorry: “El veto a la Ley de Discapacidad fue un acto de crueldad y total desconocimiento”
10/08/2025
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“El veto fue un golpe muy bajo para nosotros.” Así, con crudeza y sin rodeos, Josefina Bidegorry, presidenta de la Cámara de Instituciones Terapéuticas Educativas de Discapacidad de la Provincia (CITED), describió lo que significó para el sector el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En Argentina, el 10% de la población vive con algún tipo de discapacidad. Muchas de estas personas hoy están siendo dejadas a su suerte por un Estado que, lejos de protegerlas, las castiga. Así lo denunció con claridad Josefina Bidegorry, al periodista Gustavo Masa y equipo de Parte de Prensa.
El presidente Javier Milei había anticipado el veto. Sin embargo, en el ámbito de la discapacidad aún persistía una mínima esperanza de sensibilidad por parte del Ejecutivo. “Esperábamos que esto realmente no suceda”, confesó Bidegorry al aire. “El sector viene siendo muy golpeado en los últimos años y esperábamos otro tipo de apoyo del Estado, que es quien en teoría debería garantizar los derechos de las personas con discapacidad.”
La decisión presidencial no solo generó indignación, sino que volvió a encender la movilización de familias, prestadores y personas con discapacidad. “Hemos salido nuevamente a la calle, venimos saliendo mucho a la calle con todo lo que eso implica. Movilizamos personas con discapacidad, familias, pero no nos queda otra que visibilizar la situación por la que estamos atravesando”, agregó.
Frente a los argumentos de Milei sobre “austeridad” y la necesidad de recortes, Bidegorry fue tajante: “Lo escuchaba al presidente y pensaba realmente qué desconocimiento en relación a la vida de las personas con discapacidad, al sufrimiento y la angustia que pasan las familias y hoy también los prestadores.”
Y agregó: “Si estamos en un país que ajusta de abajo hacia arriba, estamos en un problema.” Aunque reconoció que “los números tienen que cerrar”, advirtió que “si eso deja por fuera a las personas con discapacidad, hay algo que está mal planteado desde el principio.”
El relato se vuelve más dramático cuando detalla la realidad económica del sector: “No tenemos aumento desde diciembre de 2024. El último fue del 0,8%. Han pasado 8 meses sin actualizaciones y ningún tipo de diálogo con el gobierno ni con la Agencia Nacional de Discapacidad ni con la Superintendencia. Eso está totalmente cortado.”
Además, explicó la compleja y asfixiante operatoria de cobro: “Trabajamos durante el mes corrido y presentamos nuestras facturaciones a mes vencido. Cobramos entre 60 y 90 días después. A la demora arancelaria se suma esta espera y muchas veces hay problemas en la facturación. Nuestros gastos son corrientes, con servicios especializados y mucho personal. Se nos hace muy difícil sostener este sistema.”
Frente a la pregunta sobre si ya se estaban recortando terapias en el país, Bidegorry reconoció que “las instituciones en Tucumán no hemos cortado los servicios, seguimos atendiendo”, pero advirtió: “No sabemos hasta cuándo lo vamos a poder sostener.”
Donde sí hubo un impacto directo es en el transporte: “El traslado de personas con discapacidad está dentro de las prestaciones básicas. Pero con el aumento del combustible y sin actualización del nomenclador, los transportistas no cubren ni los costos. Ahí sí ha habido una reducción que afecta directamente porque los chicos no pueden llegar.”
Uno de los mecanismos más perversos del Gobierno fue instalar la idea de “fraude” detrás de las pensiones, demonizando el colectivo de personas con discapacidad para justificar el recorte, Bidegorry fue enfática: “Estamos todos de acuerdo con que hay que auditar, lo que está mal otorgado, que se quite pero no se puede generalizar. No toda persona con discapacidad es beneficiaria de una pensión. Se han empezado auditorías en todo el país y el vocero presidencial dijo que se quitaron 100.000 pensiones tras auditorías hechas de manera cruel.”
Contó que tuvo en sus manos cartas documento enviadas a personas con discapacidad que “eran muy poco claras, con lenguaje técnico. La gente no sabía qué hacer. En un primer momento la sociedad compró ese discurso y eso ha hecho que la opinión pública demonice a las personas con discapacidad.” No obstante, resaltó que “en las últimas semanas eso ha virado bastante a favor de esta minoría”, y que el veto “ha estado del lado de la crueldad y del total desconocimiento.”
“Si no cuidamos a los jubilados y a las personas con discapacidad, ¿qué clase de sociedad somos?”, se preguntó Bidegorry. “Una persona con discapacidad en una familia cambia la vida. Nadie está exento. La discapacidad también es adquirida. Puede pasarle a cualquiera.”
El Gobierno de Javier Milei parece haber elegido conscientemente el camino de mayor crueldad política: recortar en donde más duele. En la dignidad, en el acceso a derechos, en las terapias que sostienen vidas. “Nos están ahogando. No sabemos cómo vamos a continuar. Pero no vamos a bajar los brazos”, manifestó.
Sobre el cierre, Bidegorry planteó el futuro inmediato: “Estamos pidiendo el apoyo del gobernador, de los diputados y senadores. También que la provincia nos dé una mano con cuestiones impositivas. Tenemos una carga muy alta.” Y advirtió que “seguramente cuando se trate el veto en el Congreso volveremos a movilizarnos, con todo lo que eso implica: cerrar instituciones, cerrar escuelas, dejar a los chicos sin terapias por un día para reclamar derechos fundamentales.”
“Cada día sin ley es una terapia menos”, dijo un cartel en la marcha. Y no fue metáfora: fue el grito de un sistema entero que se está desangrando en silencio. Y que exige, urgente, que se lo escuche.
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