El primero de ellos, el Decreto Nº 11/3 (MEyP), establece la prohibición de nuevas designaciones y contrataciones de personal en el Poder Ejecutivo, entes autárquicos y organismos descentralizados por un período de dos años. Solo se admitirán excepciones debidamente justificadas para garantizar el funcionamiento de áreas esenciales. La norma también habilita la reasignación transitoria de agentes entre dependencias estatales, sin modificación de cargos ni remuneraciones, con el objetivo de optimizar los recursos humanos disponibles.