La investigación sobre La Fronterita apunta a la complicidad activa de la empresa, que habría cedido espacios para la base militar “Rayo” y aportado logística y datos sobre los obreros. Allí funcionaron al menos tres centros de detención ilegal, a pocos kilómetros de “La Escuelita de Famaillá”, el primer gran centro clandestino del país.
Entre las víctimas estuvo Fidel Jacobo Ortiz, secretario general del sindicato en la planta, secuestrado y desaparecido en 1976. Su hija, Hortensia Ortiz, expresó: “Nos piden que esperemos, que tengamos paciencia, pero la paciencia alguna vez se acabará. Tememos que ahora todo quede en la nada, no solo para nosotros, también para el resto de las víctimas”.
La suspensión del juicio en Tucumán reaviva el debate sobre la responsabilidad empresarial en la dictadura y el riesgo de que la justicia llegue demasiado tarde para quienes esperan una condena.