El Tribunal, presidido por el juez Mario Reynaldi, resolvió admitir la grabación como prueba válida, aunque con la condición de que su uso sea notificado con anticipación. Tanto la fiscalía como las querellas hicieron reserva federal del caso.
El audio y las actas expuestas están bajo clasificación de “secreto militar”. El tribunal aguarda autorización del Ministerio de Defensa para levantar esa restricción, en el marco del decreto 615/2024 que obliga a contar con aval de la SIDE para desclasificar documentos vinculados a Defensa y Seguridad. Mientras tanto, se acordó que la Fiscalía exhiba los documentos de forma parcial, omitiendo información estratégica de los buques.
La audiencia, que se extendió por más de diez horas, dejó en evidencia la tensión entre la necesidad de esclarecer responsabilidades y las trabas legales que aún pesan sobre el caso. El juicio busca determinar la responsabilidad penal de cuatro exoficiales superiores de la Armada por la tragedia que conmocionó al país.