Frente a este escenario, pidieron la intervención inmediata del gobernador y de la intendenta de San Miguel de Tucumán, con el objetivo de convocar a todos los actores del sistema: autoridades provinciales y municipales, empresarios, trabajadores y especialistas del sector.
Para Canelada y Cobos, la salida no puede ser improvisada. “No alcanza con medidas aisladas. Hace falta una mesa de trabajo urgente y amplia que evite que el conflicto escale”, sostuvieron.
Además, apuntaron al problema estructural que arrastra el transporte en la provincia: la falta de un modelo definido. Según plantearon,
Tucumán lleva años repitiendo diagnósticos sin avanzar en soluciones concretas. “Es imprescindible definir qué sistema se quiere: bajo qué reglas, con qué nivel de servicio y con qué objetivos”, advirtieron.
En esa línea, reclamaron avanzar con una medida clave que sigue pendiente: la licitación del servicio. “El envío de los pliegos es urgente. Es el paso necesario para ordenar el sistema, mejorar las unidades, aumentar frecuencias y adaptar los recorridos a la dinámica actual de la ciudad”, explicaron.
Finalmente, dejaron una definición política clara: el ajuste no debe recaer nuevamente en los usuarios. “El aumento del boleto no puede ser la salida automática. Tucumán necesita un transporte que funcione mejor, no uno más caro y más deficiente”, concluyeron.