El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino quedaron en el centro de una causa judicial por presunto lavado de dinero. El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, pidió su detención e indagatoria, además de avanzar con la declaración de más de dos decenas de personas vinculadas a ambos dirigentes.
Entre los señalados figuran los propietarios formales de una quinta en Pilar, bajo investigación judicial: el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte.
El foco de la investigación
La causa se inició en diciembre pasado y apunta a presuntas maniobras de desvío de fondos en el exterior. Según el expediente, la empresa TourProdEnter, contratada por la AFA para la recaudación internacional, habría desviado al menos USD 42 millones hacia cuatro sociedades radicadas en Estados Unidos que “no cuentan con empleados ni registran actividad comercial”.
Impacto institucional
El avance judicial marca un punto de tensión en la conducción del fútbol argentino, ya que compromete directamente a dos de las principales autoridades de la entidad madre del deporte nacional.
Por el momento, ni Tapia ni Toviggino emitieron declaraciones públicas sobre el pedido fiscal. La causa continúa su curso en la Justicia federal, que deberá definir los próximos pasos procesales en una investigación que podría tener consecuencias de gran alcance en el ámbito deportivo y político.