, propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar un cargo definitivo en el Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial de Monteros.
La postura del parlamentario opositor se centra en una polémica medida cautelar innovativa dictada por Taboada en noviembre de 2025, mediante la cual ordenó al director de la Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC), Gustavo Olarte, y a todos sus productores, periodistas y conductores, el “cese inmediato” de la difusión de contenidos que pudieran injuriar, desacreditar o tergiversar la actuación de fiscales y magistrados locales.
Para Romano Norri, aquella resolución judicial sentó un precedente peligroso que colisiona directamente con principios constitucionales y democráticos.
“Un juez debe ser, ante todo, el máximo garante del cumplimiento de la Constitución. No podemos avalar la designación de alguien que dictó una medida que, en los hechos, significó censurar a un canal de televisión y restringir la labor periodística”, afirmó el legislador.
El referente radical sostuvo además que el fallo vulneró de manera flagrante los principios de libertad de prensa y libertad de expresión.
“Estamos ante una clara violación de los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, que prohíben de forma taxativa la censura previa y protegen la libertad de expresión, además de contravenir el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, argumentó.
Romano Norri también vinculó la postulación de Taboada con lo que considera un mecanismo de premios políticos dentro del Poder Judicial. “No puede convertirse en una norma en Tucumán que la elección de jueces definitivos sea un premio para los jueces subrogantes que fallaron exactamente como quería el gobierno de turno”, disparó.
En esa línea, advirtió que aprobar el pliego enviaría un mensaje negativo hacia el resto de los magistrados subrogantes.
“Un juez independiente debe responder a la ley y a las pruebas, nunca a las necesidades del poder político. Si el pliego de Taboada se aprueba, el mensaje para el resto de los subrogantes es nefasto: que para hacer carrera efectiva hay que complacer al Ejecutivo”, sostuvo.
Finalmente, el legislador adelantó que mantendrá una postura firme cuando el pliego llegue al recinto.
“Por estas razones, adelanto mi rechazo absoluto. No vamos a acompañar con nuestro voto a postulantes cuyas resoluciones condicionen la libertad de expresión y debiliten, por conveniencia, la división de poderes en Tucumán”, concluyó.
La resolución judicial que originó la polémica fue dictada el 4 de noviembre de 2025 por Lucas Alfredo Taboada en su carácter de juez subrogante, a pedido de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana.
En aquella oportunidad, el magistrado consideró “atinado” que la restricción comunicacional alcanzara preventivamente a todo el sistema de justicia provincial y ordenó además notificar la medida al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para su supervisión durante un plazo de seis meses.
El caso había generado en su momento fuertes cuestionamientos de entidades periodísticas y ahora promete convertirse en uno de los principales focos de debate político dentro de la Legislatura provincial.