Política: Biocombustibles: el Senado avanza con una ley que enfrenta a gigantes y pymes
20/06/2026
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El oficialismo impulsa una reforma que amplía los cortes obligatorios de biodiésel y bioetanol, suma respaldo de azucareras y cerealeras, pero genera una fuerte resistencia de las pymes, que advierten sobre concentración económica y riesgo de quiebra.
El Senado ingresó en una etapa decisiva del debate por una nueva Ley de Biocombustibles, una iniciativa que el Gobierno nacional busca convertir en uno de sus próximos avances legislativos y que ya comenzó a reconfigurar alianzas dentro del sector energético y agroindustrial.
La propuesta impulsada por La Libertad Avanza recoge un viejo reclamo de las industrias azucarera y cerealera: aumentar la participación de los biocombustibles en la mezcla con combustibles fósiles. Sin embargo, mientras los grandes actores del mercado respaldan el proyecto, las pequeñas y medianas empresas del sector denuncian que la reforma podría favorecer una fuerte concentración de la actividad.
La Ley N.º 27.640, sancionada en 2021, estableció un marco regulatorio para los biocombustibles hasta 2030, fijando un corte obligatorio de hasta 5% de biodiésel y 12% de bioetanol. Desde entonces, distintos sectores productivos reclamaron una actualización de esos porcentajes para incrementar la producción nacional, reducir la dependencia energética y fortalecer las economías regionales.
En mayo, la senadora Patricia Bullrich presentó la propuesta oficialista que contempla un régimen de promoción por 15 años y eleva el corte de biodiésel al 10% y el de bioetanol al 15%. El esquema prevé además una distribución equilibrada entre los sectores productores de caña de azúcar y maíz, dos actividades con fuerte peso económico en distintas provincias del país.
La iniciativa ya recibió el respaldo de referentes de YPF, de la industria azucarera y de las principales cerealeras. Incluso durante las reuniones informativas surgieron pedidos para profundizar la reforma. El presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, consideró que el porcentaje de biodiésel debería elevarse hasta el 15%.
Un debate que lleva más de un año
La discusión sobre una nueva legislación no comenzó con el proyecto oficialista. Durante 2025, las senadoras Carolina Moisés y Alejandra Vigo impulsaron iniciativas similares que avanzaron en distintas comisiones del Senado.
En ese contexto, el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller, reconoció la necesidad de actualizar el marco regulatorio, aunque advirtió sobre las dificultades para alcanzar consensos entre todos los sectores involucrados.
Desde algunos despachos legislativos reconocen que la decisión del Gobierno de tomar protagonismo en el debate generó cierta incomodidad política, aunque coinciden en que el tratamiento ya se encuentra en su tramo final y que las posiciones están claramente definidas.
La senadora tucumana Beatriz Ávila, autora de uno de los proyectos en análisis, aseguró que existe un clima favorable para avanzar hacia un dictamen. Su propuesta va incluso más allá y plantea elevar el corte obligatorio de ambos biocombustibles hasta el 18%.
La resistencia de las pymes
El principal foco de conflicto gira en torno al biodiésel. Las pequeñas y medianas empresas agrupadas en la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), responsables de gran parte del biodiésel destinado al mercado interno, cuestionan duramente la iniciativa.
Su director ejecutivo, Federico Martelli, sostuvo que el proyecto podría provocar la desaparición de numerosas empresas regionales y favorecer la concentración de la producción en manos de un reducido grupo de grandes compañías aceiteras.
Desde la entidad afirman que las pymes quedarían obligadas a competir en condiciones desiguales frente a empresas con mayor capacidad financiera, escala productiva y control sobre la materia prima.
También cuestionan que se modifique el marco regulatorio apenas cinco años después de su sanción, al considerar que esa decisión altera reglas de juego sobre las cuales muchas empresas realizaron inversiones y planificaron su crecimiento.
Las críticas también llegaron desde la provincia de Buenos Aires. El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, advirtió que cualquier nuevo régimen debe evitar una mayor concentración del mercado y preservar el entramado productivo que generan las empresas radicadas en distintas regiones del país.
Mientras continúan las negociaciones para alcanzar un dictamen único, el proyecto se perfila como una de las iniciativas con mayores posibilidades de avanzar en el Senado durante las próximas semanas.
La discusión ya dejó en evidencia dos posiciones enfrentadas: por un lado, quienes buscan ampliar rápidamente la participación de los biocombustibles y potenciar la producción a gran escala; por el otro, las pymes que reclaman garantías para no quedar desplazadas de un mercado que ayudaron a construir. El desafío será encontrar un equilibrio entre crecimiento, competitividad y desarrollo regional.
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