Entre los principales cambios, la nueva normativa establece que los adolescentes no podrán recibir penas de prisión o reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad. También contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena y siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
La aplicación del régimen tampoco significa que todos los adolescentes imputados serán enviados a un instituto. Para determinados casos se contemplan medidas alternativas como reglas de conducta, restricciones de acercamiento, reparación del daño a la víctima, actividades educativas y comunitarias y amonestaciones. También se incorpora el monitoreo electrónico como herramienta de seguimiento.
Cuando corresponda la privación de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en instituciones específicas, con personal especializado y bajo un esquema diferenciado del sistema penitenciario para adultos. La ley prohíbe, además, que menores y mayores de edad compartan espacios de encierro.
En este nuevo escenario, Tucumán asegura haber trabajado con anticipación. El gobernador Osvaldo Jaldo destacó la preparación de la provincia y el trabajo de la comisión interpoderes que conduce el vicegobernador Miguel Acevedo junto con legisladores, representantes de la Suprema Corte de Justicia y funcionarios del Poder Ejecutivo vinculados con la problemática.
"No sé si hemos sido la primera o una de las primeras provincias que nos fuimos preparando para esto", sostuvo Jaldo al referirse al trabajo realizado para adecuar la estructura provincial al nuevo régimen.
El mandatario puso el foco especialmente en la infraestructura necesaria para alojar a los adolescentes y remarcó que no pueden ser derivados a cárceles comunes ni quedar bajo el mismo esquema que los adultos.
"Para aplicar la ley lo primero que hay que tener es un espacio físico para albergar a todos aquellos menores que cometan delitos y obren fuera de la ley", explicó.
En ese sentido, Jaldo señaló que Tucumán avanzó con la creación del Instituto Cura Brochero, que cuenta con una capacidad de entre 80 y 100 jóvenes y que, según el gobernador, permitirá abordar los casos bajo un modelo orientado a la recuperación y la reinserción.
"Estos menores no pueden ir a las cárceles ni a los servicios penitenciarios; estos menores tienen que tener instituto propio, es decir, un espacio que los logre recuperar para reintegrarlos a la sociedad de acuerdo al delito que hayan cometido", afirmó.
La definición del gobernador apunta a uno de los principales desafíos que plantea la nueva legislación: que la baja de la edad de imputabilidad no se limite a una modificación judicial, sino que exista una estructura capaz de sostener el seguimiento, la educación y la reinserción de los adolescentes que sean sometidos a un proceso penal.
Jaldo fue contundente al evaluar la preparación de Tucumán y aseguró que la provincia está en condiciones de afrontar la implementación inmediata del nuevo régimen.
"Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo provincial, estamos listos para que la ley se aplique mañana si es necesario", afirmó.