El régimen venció el 1 de septiembre y, hasta el momento, no fue extendido. Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) reclamaron al Ministerio de Capital Humano una respuesta urgente y advirtieron sobre las consecuencias que podría generar la falta de continuidad.
El secretario general de UATRE, José Voytenco, pidió formalmente una prórroga y sostuvo que es necesario mantener dentro de la formalidad a los trabajadores estacionales, especialmente en actividades que dependen de grandes volúmenes de mano de obra durante determinadas épocas del año.
El reclamo adquiere especial importancia para las economías regionales. La fruticultura, la vitivinicultura, la zafra azucarera y la cosecha de tabaco son algunas de las actividades que dependen de este tipo de contratación, que representa cerca del 70% del empleo rural, según señaló el sindicato.
Desde UATRE remarcaron que el mecanismo permitió durante los últimos años que trabajadores rurales pudieran acceder a empleos registrados durante las campañas agrícolas sin perder de manera inmediata la cobertura social de sus grupos familiares.
Ahora, el sindicato advierte que el escenario podría cambiar drásticamente.
"Su discontinuidad genera el efecto contrario al que se busca: desalienta la formalización, dificulta la cobertura de trabajo local y afecta directamente a las economías regionales", sostuvo la organización gremial.
La preocupación no se limita a los trabajadores. Para UATRE, la falta de continuidad del régimen también puede impactar sobre productores y comunidades que necesitan incorporar mano de obra durante períodos específicos del año.
En ese sentido, el sindicato cuestionó al Estado por no contemplar el impacto de la decisión sobre toda la cadena productiva y reclamó que las políticas sociales funcionen como una herramienta de transición hacia el empleo formal, en lugar de convertirse en un obstáculo para acceder a un trabajo registrado.
"Las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal", planteó UATRE.
La organización considera que sostener la compatibilidad entre empleo registrado y protección social resulta clave para evitar que los trabajadores rechacen empleos formales por temor a perder ingresos o beneficios destinados a sus familias.
El reclamo queda ahora en manos del Gobierno nacional. Mientras el decreto permanece vencido, unos 120.000 trabajadores rurales y buena parte de las economías regionales esperan una definición que puede resultar determinante para las próximas campañas agrícolas.