De acuerdo con la presentación judicial, las actividades denunciadas se desarrollarían en presunta violación de las disposiciones establecidas por la Ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas vinculadas con las Islas Malvinas y otros territorios bajo disputa de soberanía.
La acción también alcanza a los accionistas de Navitas Petroleum LP y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd., además de directores, gerentes, síndicos, integrantes de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes y autorizados que hubieran intervenido en los hechos denunciados.
El Gobierno sostiene que la medida busca avanzar contra las empresas que participan de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía la Argentina reclama como propia.
El Gobierno vuelve a poner el foco en los recursos de MalvinasLa Oficina del Presidente presentó la denuncia como una medida destinada a proteger los recursos naturales y defender los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes.
En ese marco, el Ejecutivo anticipó que continuará investigando y promoviendo acciones judiciales frente a actividades que, según su interpretación, vulneren los derechos soberanos argentinos.
La Casa Rosada afirmó que se busca evitar que queden impunes actos vinculados con la explotación de recursos naturales en los territorios cuya soberanía reclama la Argentina.
Milei ordenó priorizar la Base Naval de UshuaiaEn paralelo con la denuncia contra las petroleras, el presidente Javier Milei firmó una instrucción dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el Proyecto de Presupuesto Nacional 2027 priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada Ushuaia y otros proyectos considerados estratégicos.
La instrucción establece que estas obras deberán ser incorporadas al proyecto de Presupuesto que el Gobierno tiene previsto enviar al Congreso Nacional el 15 de septiembre.
El objetivo planteado por el Ejecutivo es fortalecer las capacidades vinculadas con la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos argentinos.
De esta manera, la denuncia penal contra las cinco petroleras se suma a una estrategia más amplia del Gobierno que combina acciones judiciales contra empresas que operan en Malvinas con el fortalecimiento de la presencia y las capacidades estratégicas argentinas en el extremo sur del país.