La situación de las personas con discapacidad atraviesa un escenario de fuertes dificultades vinculadas con las prestaciones, los ingresos, la atención sanitaria y el acceso a derechos. Así lo planteó la abogada
Teresa Ivankow, secretaria de Corte del área de Articulación del Poder Judicial de Tucumán, durante una entrevista en
Parte de Prensa.
Con 30 años de trabajo vinculado a la discapacidad, Ivankow sostuvo que el debate debe abandonar una mirada centrada exclusivamente en los diagnósticos y poner el foco en los derechos, la dignidad y las barreras que enfrenta el colectivo.
“La barrera la tenemos nosotros como sociedad y no el colectivo”, señaló al referirse al modelo social de la discapacidad y a la necesidad de modificar prácticas que, según explicó, naturalizan situaciones de discriminación.
En ese contexto, cuestionó el rumbo de las políticas públicas y sostuvo que desde 2023 observa un retroceso en materia de discapacidad y salud mental.
“Vemos que todo ese avance que también lo tuvimos en salud mental se vino para atrás”, afirmó.
Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue la situación de las pensiones no contributivas. Ivankow cuestionó las auditorías y la falta de información sobre las liquidaciones y sostuvo que las familias atraviesan una situación de enorme incertidumbre.
“La persona no es un diagnóstico”, remarcó.
Según explicó, la problemática no se limita al ingreso económico que representa una pensión, sino que también impacta sobre el acceso a prestaciones y cobertura de salud. En ese sentido, sostuvo que existen familias que dependen de esos beneficios para afrontar tratamientos, rehabilitación, medicamentos, transporte y otras necesidades vinculadas con la discapacidad.
La abogada fue contundente al describir las consecuencias que, según su planteo, genera la falta de liquidaciones.
“No liquidar pensiones realmente es un acto de mucha crueldad hacia la infancia con discapacidad”, afirmó.
Ivankow también puso el foco en el impacto económico que la discapacidad tiene sobre los hogares. Explicó que los tratamientos, medicamentos, rehabilitación y transporte pueden representar gastos muy elevados y que muchas familias terminan endeudándose para poder sostener la atención de sus hijos.
A esto sumó una problemática que, según planteó, permanece muchas veces fuera de la discusión pública: el cuidado.
“Cuando hablamos de discapacidad el cuidado es para siempre”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que las tareas de cuidado recaen mayoritariamente sobre mujeres y que muchas madres deben permanecer disponibles las 24 horas, los siete días de la semana, con consecuencias económicas, laborales y personales.
La situación en Tucumán
Al trasladar el análisis a la provincia, Ivankow vinculó la discapacidad con el aumento de situaciones de pobreza y aseguró que desde el ámbito judicial observa un incremento de las causas relacionadas con estas problemáticas.
“La excesiva judicialización que tiene hoy la discapacidad en Tucumán tiene que ver con que las puertas del Estado hoy se encuentran con muy poca erogación presupuestaria para esta área”, afirmó.
Según relató, las ayudas económicas y asistencias que reciben algunas familias resultan insuficientes frente a los costos que deben afrontar. También señaló que muchas situaciones terminan judicializándose ante la falta de respuestas de los organismos competentes.
La funcionaria advirtió además sobre una problemática particularmente sensible: qué sucede con las personas con discapacidad cuando llegan a la adultez y dejan de contar con determinados espacios de atención institucional.
“¿Qué pasa con nuestros adolescentes, nuestros adultos con discapacidad? ¿A dónde van? ¿Quién se hace responsable de ese cuidado?”, planteó.
Ivankow sostuvo que Tucumán necesita discutir una política específica para el cuidado y alojamiento de personas adultas con discapacidad y cuestionó la falta de espacios destinados a quienes superan los 18 años.
“Invitaría a la provincia a pensar qué hacemos con nuestros adultos con discapacidad”, manifestó.
La abogada también se refirió a la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, sancionada en 2025, que declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y estableció la posibilidad de prorrogarla por un año más.
En septiembre de 2026, la prórroga hasta 2027 se encontraba en tratamiento en la Cámara de Diputados, donde se realizaron reuniones informativas con especialistas y organizaciones vinculadas con la discapacidad.
Durante la entrevista, Ivankow reclamó que la discusión presupuestaria contemple las necesidades del sector y sostuvo que la emergencia no debería quedar reducida a una declaración formal, sino traducirse en recursos para prestaciones, familias y sistemas de cuidado.
Su planteo apuntó especialmente a una deuda que, según advirtió, atraviesa todas las edades: qué respuesta reciben las personas con discapacidad cuando las familias ya no pueden sostener solas las tareas de cuidado.
“El derecho, la dignidad y el derecho del cuidado son derechos. Un derecho autónomo”, sostuvo.