Actualidad: Presupuesto 2027: el Gobierno abre la billetera para destrabar los conflictos con Discapacidad y Uni
18/09/2026
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La presión del PRO, la UCR y otros bloques aliados obligó a la Casa Rosada a reabrir dos capítulos sensibles del proyecto. El oficialismo analiza reforzar las partidas para Discapacidad y elevar los fondos para las universidades, mientras busca evitar nuevas derrotas legislativas y reducir el conflicto judicial por el financiamiento educativo.
El Gobierno nacional se prepara para revisar dos de los capítulos más conflictivos del Presupuesto 2027: Discapacidad y Universidades. La presión de los bloques aliados, sumada a los reclamos de prestadores, rectores y sectores involucrados, obligó a la Casa Rosada a reabrir negociaciones que hasta hace pocos días parecían encaminadas en otra dirección.
La estrategia oficial apunta a ceder recursos para construir acuerdos en Diputados, aunque sin abandonar el objetivo de equilibrio fiscal. En ambos casos, el Ejecutivo reconoce que deberá modificar parte de su propuesta original, aunque todavía no definió los montos finales ni qué artículos serán cambiados.
En materia de Discapacidad, el Gobierno busca retomar las conversaciones que había iniciado con el PRO, la UCR y otras bancadas antes de que se conociera el proyecto de Presupuesto. La incorporación de determinadas modificaciones al texto terminó complicando ese entendimiento y abrió un nuevo frente de negociación.
La alternativa que ahora analiza la Casa Rosada consiste en no prorrogar durante 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad y, a cambio, reforzar las partidas y modificar el esquema permanente de prestaciones. Cerca del armado legislativo oficialista admiten que existe margen para aumentar recursos con el objetivo de alcanzar un texto consensuado con los aliados.
El Ejecutivo sostiene que continuará cumpliendo la legislación vigente mientras permanezca en vigor. Sin embargo, pretende introducir cambios para el próximo año. La Ley 27.793 declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla la posibilidad de extenderla durante un año más, además de establecer nuevas pensiones, compensaciones para prestadores y modificaciones al sistema de prestaciones.
Uno de los puntos más sensibles es el nomenclador. La normativa vigente establece valores comunes para los distintos financiadores y un mecanismo de actualización periódica. El proyecto de Presupuesto, en cambio, propone modificar ese esquema y permitir que cada financiador determine sus valores a partir de un piso.
Ese cambio quedó bajo revisión después de generar diferencias dentro del propio oficialismo y con sus aliados. Diputados libertarios ya venían trabajando sobre una alternativa y ahora buscan volver a esa mesa de negociación, con la posibilidad de mantener parte de las compensaciones reclamadas por los prestadores y redefinir qué artículos del Presupuesto seguirán vigentes.
También está sobre la mesa la compensación por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, contemplada en la reglamentación de la emergencia. Los bloques aliados reclaman que ese punto sea atendido. El Gobierno habilitó este año un mecanismo para que los prestadores puedan presentar las solicitudes correspondientes.
Mientras continúa la discusión de fondo, la Secretaría Nacional de Discapacidad mantiene las actualizaciones mensuales del nomenclador. Este viernes oficializó una suba del 1,7% para septiembre, calculada sobre el IPC de agosto, y ratificó el adicional del 20% para la zona patagónica.
Universidades, el otro frente abierto
La negociación por el financiamiento universitario tendrá una dinámica diferente. El Gobierno también está dispuesto a elevar los fondos contemplados originalmente en el Presupuesto 2027 para intentar alcanzar un punto intermedio con las universidades y, al mismo tiempo, buscar una salida al conflicto que ya se encuentra judicializado.
El proyecto oficial contempla $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en cambio, calcula necesidades cercanas a $11 billones. La diferencia, de alrededor de $3,65 billones, será uno de los principales ejes de la negociación parlamentaria.
La Casa Rosada no prevé aceptar automáticamente la cifra reclamada por el CIN. La estrategia consiste en negociar una partida superior a la enviada originalmente y buscar que ese acuerdo permita reencauzar el conflicto que actualmente se discute en la Justicia.
El escenario judicial agrega una variable decisiva. La Ley 27.795 estableció mecanismos de recomposición salarial y actualización del financiamiento universitario, pero el Gobierno y las universidades mantienen diferencias sobre su alcance, los montos que deberían abonarse y las partidas con las que debería afrontarse.
La UBA sostiene que el proyecto de Presupuesto no contempla el cumplimiento integral de esa legislación ni de las decisiones judiciales que reclama.
En el Ejecutivo consideran que una asignación acordada por el Congreso podría modificar el escenario que dio origen a las medidas cautelares. La argumentación oficial es que uno de los problemas planteados hasta ahora fue la falta de partidas suficientes para ejecutar determinados gastos reclamados.
Sin embargo, cualquier modificación del escenario judicial deberá tramitarse dentro de los expedientes correspondientes. El Gobierno no puede dejar sin efecto por sí solo una cautelar mediante el Presupuesto.
Con ambos conflictos abiertos, el Presupuesto 2027 se transformó en el principal escenario de negociación política. Discapacidad y Universidades aparecen como dos capítulos en los que el oficialismo deberá revisar su propuesta inicial, negociar más recursos y buscar acuerdos con sectores que resultan clave para avanzar en Diputados.
El Gobierno todavía no cerró los números ni definió hasta dónde llegará en cada negociación. La discusión parlamentaria será la instancia en la que se conocerá cuánto está dispuesto a ceder el oficialismo para destrabar dos conflictos que combinan presión política, reclamos sectoriales y, en el caso de las universidades, una disputa que ya llegó a la Justicia.
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