“Los conductores de Uber intentan salir a ganar plata en la calle y lamentablemente se encuentran muchas veces con un Estado que los persigue”. Con esa frase, el concejal Leandro Argañaraz cuestionó la gestión de Rossana Chahla y abrió varios frentes de confrontación con el Departamento Ejecutivo de San Miguel de Tucumán. Durante una entrevista en Parte de Prensa, denunció incumplimientos en la regulación de las aplicaciones de transporte, criticó decisiones sobre bienes públicos y reclamó transparencia en el manejo de los recursos municipales.

El conflicto por las aplicaciones fue uno de los puntos más tensos de la charla. Argañaraz aseguró que el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza que buscaba impedir que la Municipalidad sumara nuevas exigencias a los conductores, pero sostuvo que el Ejecutivo avanzó con trámites individuales, habilitaciones presenciales, carnets propios, identificaciones mediante códigos QR y el requisito de tener domicilio en la capital.

“Lo que nos hemos encontrado ha sido que la Municipalidad ha ido avanzando y empezó a establecer trámites individuales, habilitaciones presenciales, carnets propios, identificación con QR y exigir domicilio en San Miguel de Tucumán”, afirmó.

El edil también puso en duda que el municipio mantenga su compromiso de no imponer nuevas tasas a los trabajadores de plataformas. Su cuestionamiento derivó en una de las acusaciones más fuertes de la entrevista: “No han cumplido nada de lo anterior. Entonces, obviamente, yo tengo que tratarlos a ellos como lo que son: unos mentirosos”.

Argañaraz rechazó, además, que se responsabilice exclusivamente a los conductores de Uber por los problemas de tránsito. “Tucumán es caótico, la verdad que Tucumán es una jungla”, describió, al señalar que las conductas imprudentes atraviesan a automovilistas particulares, motociclistas, conductores de colectivos y trabajadores de aplicaciones y delivery.

Otro de sus cuestionamientos apuntó al cierre de la biblioteca Nicolás Avellaneda,  Argañaraz sostuvo que el establecimiento lleva aproximadamente dos años cerrado y cuestionó que el caso no haya generado una reacción pública acorde con la importancia de la institución.

“La Municipalidad ha cerrado una biblioteca en Tucumán y eso debería ser un escándalo, y no lo es”, afirmó.

El concejal señaló que el conflicto por el inmueble llegó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y aseguró que el máximo tribunal dio la razón a la biblioteca, con indicaciones para que las instancias judiciales anteriores adecuaran su actuación a lo resuelto. El alcance preciso de esa resolución debe cotejarse con el expediente judicial.

Como argumento para refutar las versiones sobre una supuesta falta de actividad, Argañaraz recordó que entre 20 y 30 días antes del cierre el Ministerio Público Fiscal había donado computadoras a la institución. También cuestionó las explicaciones que atribuyó a funcionarios municipales sobre el estado del edificio y sostuvo que la biblioteca mantenía actividad y presencia en el barrio.

La transparencia en las compras municipales fue otro de los ejes de la entrevista. El concejal se refirió al tratamiento de la adquisición de un inmueble vinculado a la escuela Gabriela Mistral y cuestionó que la Municipalidad pretendiera avanzar con la operación sin establecer claramente cuánto debía pagar.

“La Municipalidad pretendía comprar un inmueble sin decir cuánto costaba. Locura total, disparate de punta a punta”, disparó.

Argañaraz destacó que la oposición logró incorporar la obligatoriedad de una tasación oficial. Sin embargo, advirtió que el municipio había presentado tres expedientes con tasaciones que establecían montos e incluso medidas diferentes. Para el edil, esas discrepancias exigían aclaraciones antes de avanzar con la compra.

En la misma sesión, cuestionó que el oficialismo hiciera volver a comisión un proyecto para concesionar los baños del parque 9 de Julio. La iniciativa, explicó, buscaba mejorar el funcionamiento de instalaciones que describió como abandonadas o cerradas por problemas de mantenimiento y vandalismo.

El concejal sostuvo que la propuesta pretendía garantizar que los vecinos y visitantes contaran con sanitarios en condiciones. También acusó al oficialismo de bloquear proyectos opositores y vinculó esas decisiones con la intervención del Departamento Ejecutivo en el trabajo legislativo.

Sobre el final de la entrevista, Argañaraz reclamó controles sobre la distribución de la pauta publicitaria municipal y planteó que el tema debe formar parte de la agenda de una futura administración.

“Hay batallas que son muy difíciles de dar, pero que hay que darlas”, sostuvo.

Y concluyò con una critica directa al oficialismo capitalino: "Una gestion nueva, una gestion renovada que venga a reemplazar al chalismo que tanto mal nos ha hecho como vecinos de San Miguel de Tucumàn".