La entidad reclamó además el acompañamiento de los senadores para que la iniciativa se convierta definitivamente en ley.
“En la previa de la sesión de ayer, el dictamen de mayoría del oficialismo carecía de lo necesario para equiparar los derechos que había otorgado la Ley de Emergencia, pero al momento de la votación, el trabajo de las organizaciones logró que se escucharan los reclamos y el diálogo entre distintos bloques legislativos permitió alcanzar un acuerdo que incorpora demandas fundamentales”, sostuvo el Foro.
La organización también agradeció a los diputados que respaldaron el dictamen con las modificaciones propuestas. Entre ellos mencionó a Oscar Herrera Ahuad, Karina Banfi, Oscar Zago, Esteban Paulón, Karina Maureyra, Juan Marino, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Eduardo Valdés.
Sin embargo, el Foro advirtió que la media sanción no resuelve la emergencia que atraviesa el sector y reclamó garantías concretas para asegurar los derechos de las personas con discapacidad.
“Aún falta la aprobación del Senado y queda mucho por resolver. La emergencia no está superada: necesitamos garantías de cumplimiento efectivo de los derechos, financiamiento adecuado, pago de las deudas con los prestadores, acceso a medicamentos y políticas y programas de atención para quienes siguen sin cobertura en distintas provincias”, remarcó.
El comunicado concluyó con un mensaje directo a la Cámara alta: “Este avance es fundamental. La lucha continúa hasta que los derechos se garanticen efectivamente. Senadores, esperamos contar con su apoyo”.
Los cambios que destrabaron el acuerdo
La negociación parlamentaria se extendió durante casi dos meses, en medio de los reclamos opositores y de las organizaciones para sostener la Emergencia en Discapacidad sancionada en 2025.
Ante las dificultades para avanzar con una prórroga, La Libertad Avanza impulsó un proyecto propio para establecer un régimen permanente. Sin embargo, la presión del colectivo y las negociaciones con la oposición llevaron al oficialismo a aceptar modificaciones que incorporaron demandas centrales del sector.
Uno de los cambios más relevantes fue establecer por ley los requisitos para acceder a las pensiones, en lugar de dejar su definición exclusivamente en manos de la reglamentación del Poder Ejecutivo. También se incorporaron precisiones sobre las partidas destinadas a financiar el sistema y los mecanismos para cubrir eventuales faltantes presupuestarios.
El proyecto contempla la actualización mensual de los aranceles del nomenclador según la inflación y mantiene la compatibilidad de las pensiones no contributivas con el empleo para quienes perciban ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles.
En materia de salud, reconoce el derecho de los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y discapacidad a acceder a un programa médico de atención y cobertura que garantice las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901.
Otro punto central es la deuda con los prestadores. El texto establece que el cronograma para cancelar las compensaciones pendientes deberá notificarse dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y prever el pago total dentro de los 90 días corridos para quienes hayan completado el trámite administrativo.
La iniciativa deberá ahora ser tratada por el Senado. Para el Foro Permanente, la votación en Diputados representa un avance conseguido mediante la organización y la presión colectiva, pero la pelea seguirá hasta que los derechos reconocidos se traduzcan en prestaciones efectivas, financiamiento suficiente y respuestas concretas para las personas con discapacidad y sus familias.