La segunda denuncia del Tribunal de Cuentas apunta a una supuesta maniobra irregular en la entrega de mercadería al Ministerio de Desarrollo Social. Mediante el Acuerdo N.º 5140, el organismo inició un juicio de responsabilidad por un presunto perjuicio patrimonial superior a los 26,7 millones de pesos. Sin embargo, Díaz negó tajantemente que existiera delito o daño económico y explicó que se trató de una operatoria social, enmarcada en la misión institucional de la Caja. Sostuvo que no hubo convenio formal porque no era necesario: al tratarse de dos organismos estatales, ese requisito no correspondía y tampoco fue requerido por los funcionarios del Ministerio involucrados.