Quirno transmitió el interés argentino en extremar recaudos para evitar impactos negativos sobre las poblaciones ribereñas y sus actividades económicas, aunque fue enfático en aclarar que Argentina no se opondrá a la inversión: “Nuestros países necesitan inversión para crecer. El Río Uruguay nos une, no nos separa”. También descartó que el caso pueda derivar en un conflicto similar al de la planta Botnia en 2006, subrayando que la prioridad es mantener un clima constructivo.
Por su parte, Lubetkin aseguró que Uruguay incorporará las observaciones argentinas al análisis científico y ambiental del proyecto, incluyendo aspectos vinculados a la localización y la contaminación visual. “El desarrollo de Uruguay no va contra el de Argentina, ni el de Argentina contra el de Uruguay. Lo que trabajamos hoy es para potenciar nuestras economías”, afirmó.
El proyecto ya obtuvo el Certificado de Clasificación y la Declaración de Viabilidad Ambiental de Localización, iniciando un proceso de evaluación que, según las autoridades uruguayas, no tiene plazos definidos pero se llevará adelante con rigor científico y consultas permanentes entre ambos países.