La Comisión Europea lamentó la decisión y defendió el trabajo realizado durante las negociaciones. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas no están justificadas, porque la Comisión las trató de manera exhaustiva con el Parlamento”, sostuvo Olof Gill, portavoz del Ejecutivo comunitario.
En la previa, varios legisladores habían anticipado un resultado ajustado y advirtieron sobre el costo político de demorar la entrada en vigor del acuerdo, en un escenario internacional marcado por tensiones comerciales y amenazas arancelarias de Estados Unidos, sumadas al despliegue de tropas europeas en Groenlandia.
Con el envío del texto al TJUE, el acuerdo UE–Mercosur queda en suspenso hasta que el tribunal emita un fallo que defina si puede avanzar o si deberá ser revisado antes de intentar nuevamente su ratificación.
La decisión abre un compás de espera que podría extenderse hasta dos años, en un contexto de incertidumbre global y con advertencias de sectores industriales —especialmente pymes— que alertan sobre el impacto que el pacto podría tener en la producción y el empleo.