La capacidad operativa tendrá un tope de entre 40 y 60 adolescentes, organizados en módulos de 12 a 20 jóvenes para evitar hacinamiento y favorecer un trato personalizado. Jaldo subrayó que la medida responde a un compromiso asumido tras su licencia: “Es una acción de fondo en materia de seguridad, de tal manera que aquellos que cometen crímenes u otros delitos estén en el lugar que deban estar”.
Las obras de remodelación del pabellón demandarán unos diez días y, una vez concluidas, se prevé iniciar el traslado de los menores, en acuerdo con el Poder Judicial. El decreto enfatiza el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y estándares internacionales, asegurando que el alojamiento sea un “último recurso”, por un periodo breve y con acceso judicial irrestricto. “Se han tomado todos los recaudos legales, nacionales e internacionales, para el tratamiento de los menores”, afirmó el gobernador.
La apertura del “Cura Brochero” implica la refuncionalización del histórico Instituto Julio Argentino Roca, que pasará a convertirse en una Alcaidía para adultos detenidos. El personal será reasignado a la nueva unidad en Benjamín Paz, mientras que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Eugenio Agüero Gamboa, se limitará a brindar apoyo logístico y custodiar el perímetro externo, preservando la independencia absoluta del instituto respecto de la cárcel de adultos adyacente.
Con esta decisión, el Ejecutivo provincial busca anticiparse al debate nacional sobre la baja en la edad de imputabilidad y consolidar un modelo socioeducativo que combine seguridad con restitución de derechos.