Por ello, resolvió rechazar la suspensión inmediata de la norma y del convenio de transferencia.
En su presentación, la central cuestionó que el traslado de competencias implicaría la desaparición de la Justicia nacional del Trabajo y afectaría derechos de trabajadores y trabajadoras. “Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, había señalado el cosecretario general Jorge Sola al presentar el recurso.
El rechazo de la cautelar no implica una resolución definitiva sobre el amparo. La CGT puede apelar el fallo y además la Justicia debe resolver otro recurso presentado ante el fuero laboral para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma.
La decisión judicial marca un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y la central obrera por la aplicación de la reforma laboral, en un contexto de alta tensión política y sindical.