Este miércoles, miles de personas con discapacidad se quedarán sin atención en todo el país. Instituciones, profesionales y prestadores realizarán un paro nacional en rechazo al nuevo proyecto de ley impulsado por el Gobierno, al que consideran una amenaza directa al sistema de prestaciones. En Tucumán, el impacto será total: cerca de un centenar de centros suspenderán sus actividades.
En ese contexto, la médica especialista en rehabilitación
Gabriela Apfelbaum —directora del Centro de Rehabilitación Integral (
CEPRIR) y miembro fundadora de la Cámara de Institutos Terapéuticos y Educativos de Discapacidad (
CITED)— advirtió en diálogo con
Parte de Prensa que la iniciativa oficial implica “un retroceso histórico” en materia de derechos.
“La situación no solo sigue igual, sino que está peor”, afirmó, al describir un escenario ya golpeado por atrasos en pagos y aranceles que ponen al límite a muchas instituciones. Según explicó, el proyecto —presentado bajo la consigna de combatir el fraude— pone en riesgo la estructura de la Ley 24.901, vigente desde 1997 y considerada un modelo por garantizar cobertura integral en todo el territorio nacional.
Esa normativa establece un piso de prestaciones que incluye rehabilitación, educación y apoyos para la vida diaria, sin distinción de edad, condición social o cobertura. “Estamos hablando de acompañamiento durante toda la vida, no de tratamientos aislados. Es un sistema que asegura inclusión real”, subrayó.
Uno de los puntos más cuestionados es el cambio de enfoque que introduce la reforma. “Se abandona el paradigma de derechos y se vuelve a pensar la discapacidad como una enfermedad vinculada únicamente a la capacidad de trabajo. Es retroceder cien años”, sostuvo Apfelbaum.
A esto se suma la posible descentralización del sistema, que trasladaría responsabilidades a las provincias. Para el sector, esto podría reinstalar desigualdades profundas. “Antes de esta ley, el acceso dependía de dónde vivías o de los recursos de tu familia. Volver a eso sería gravísimo”, advirtió.
Entre las medidas en discusión figuran auditorías masivas, reempadronamientos obligatorios, cambios en los criterios de acceso, modificaciones en el financiamiento e incluso limitaciones a la compatibilidad entre discapacidad y empleo formal. “No es que estemos en contra de los controles. Si hay fraude, debe investigarse. Pero no se puede desarmar todo el sistema ni dejar afuera a quienes realmente lo necesitan”, enfatizó.
Apfelbaum remarcó además que el financiamiento no es el problema central. “Existe un fondo solidario que permite sostener las prestaciones en todo el país. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de gestión y de decisión política”, afirmó.
Mientras tanto, la crisis ya tiene consecuencias concretas. Instituciones al borde del cierre, recortes en prestaciones y profesionales que no cobran desde hace meses forman parte del escenario actual. “Hay centros que no pueden pagar sueldos ni servicios. Eso impacta directamente en la atención y en la vida cotidiana de las personas”, alertó.
El paro de este miércoles será una señal de ese límite. En Tucumán, 98 prestadores categorizados suspenderán la atención. A nivel nacional, la jornada incluirá movilizaciones, con una concentración frente al Ministerio de Salud en Buenos Aires.
“El llamado es a toda la sociedad. Nadie está exento de atravesar una situación de discapacidad. Esto no es un problema sectorial, es una cuestión de derechos humanos”, expresó.
La preocupación también alcanza el plano legal. Argentina adhiere a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional. “Avanzar en este sentido sería ir contra ese marco y contra nuestra propia Constitución”, advirtió.
Con el debate en marcha y un clima de creciente tensión, el sector insiste en que lo que está en juego va mucho más allá de una reforma. Este miércoles, con centros cerrados y miles de familias sin atención, el conflicto dejará de ser una advertencia para convertirse en una realidad visible.