La disputa por el financiamiento del sistema universitario sumó un giro clave: la Justicia resolvió suspender de manera provisoria la ejecución de la cautelar que obligaba al Gobierno nacional a transferir fondos a las universidades. La decisión, firmada por el juez Martín Cormick, deja en pausa la posibilidad de exigir judicialmente el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario mientras el caso se encamina hacia la Corte Suprema.
En concreto, la resolución afecta los artículos 5° y 6° de la ley 27.795, que establecen la recomposición salarial de docentes y nodocentes, así como la actualización de partidas presupuestarias y becas estudiantiles. Aunque la norma sigue vigente, lo que queda suspendido es su ejecución forzada: las universidades no podrán, por ahora, reclamar esos fondos por vía judicial.
El fallo responde a un pedido del Poder Ejecutivo, que el 17 de abril presentó un recurso extraordinario federal para llevar la disputa al máximo tribunal. Ese planteo está siendo evaluado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala III, que debe definir si habilita la instancia ante la Corte.
Cabe recordar que ese mismo tribunal había fallado el 31 de marzo a favor del Consejo Interuniversitario Nacional, confirmando la cautelar que ordenaba actualizar los fondos.
Desde las universidades advierten que la medida no resuelve el fondo del conflicto y anticipan que será apelada. Sostienen que la discusión central —la constitucionalidad y aplicación de la ley— sigue abierta y cuestionan la solidez jurídica de la decisión. En paralelo, remarcan que los fallos previos continúan vigentes, aunque temporalmente sin herramientas para exigir su cumplimiento.
En el frente sindical, la lectura es similar: interpretan el fallo como un paso procesal que beneficia al Gobierno sin cerrar la disputa. La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, lo calificó como “un guiño” al Ejecutivo, al señalar que se otorgó efecto suspensivo sin definir si corresponde que el caso llegue a la Corte.
El escenario ahora queda marcado por la incertidumbre. Con salarios, becas y partidas en suspenso, las universidades enfrentan un nuevo capítulo de tensión mientras esperan una definición del máximo tribunal que podría redefinir el alcance del financiamiento público en la educación superior.