La modificación marca un giro relevante en el sistema electoral provincial y cuenta con amplio consenso político, en un contexto de fuerte demanda social por mayores estándares de transparencia en la función pública.
En ese escenario, el legislador
Agustín Romano Norri (UCR) acompañó el espíritu de la iniciativa, aunque planteó objeciones clave sobre su implementación. “Estamos de acuerdo en que esto es un paso adelante para la institucionalidad de Tucumán”, sostuvo, dejando en claro su respaldo al cambio de criterio.
Sin embargo, advirtió que el proyecto, tal como está redactado, abre la puerta a posibles discrecionalidades. Por eso, presentó un dictamen alternativo que propone un mecanismo distinto: “Queremos que la inhabilitación sea automática y que el control dependa exclusivamente de la Justicia, y no de la política”.
El punto de mayor tensión se concentra en el artículo 5° del dictamen de mayoría, que establece la creación de un Registro Público Provincial bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia. Allí se centralizaría la nómina de personas inhabilitadas para competir en elecciones.
Para Romano Norri, ese diseño es problemático. Considera que dejar en manos del Poder Ejecutivo la administración del registro implica un riesgo institucional innecesario. “Buscamos un sistema ciego y automático que no pase por el mostrador de ningún ministro”, remarcó.
Su planteo no apunta contra el objetivo de la ley, sino contra quién controla la herramienta. En otras palabras, el debate ya no pasa solo por quién queda afuera de las candidaturas, sino por quién tiene la llave del sistema.
El legislador también puso el foco en una deuda más amplia de la dirigencia política. “Esta ley es una deuda de la política; es un reclamo ciudadano que hoy se está saldando en parte, pero todavía queda camino por recorrer”, afirmó.
En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en una agenda más integral de transparencia: “Falta una Ley de Ética Pública” que complemente la Ficha Limpia y establezca reglas más claras para el ejercicio de la función pública.
Con el proyecto encaminado a su sanción, el oficialismo y la oposición coinciden en el diagnóstico general, pero mantienen diferencias sobre el mecanismo. Y en ese detalle —quién administra y cómo funciona el registro— se juega buena parte de la credibilidad futura de la norma.